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Fiscalía suspende tercer grado del etarra que mató a Jiménez-Becerril

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El Ejecutivo vasco contabiliza 52 progresiones a presos de ETA tras aprobar otros cinco a principios de octubre

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha suspendido el tercer grado aprobado recientemente por el Gobierno Vasco a Mikel Azurmendi Peñagaricano, un preso de ETA condenado por varios asesinatos, entre ellos el del matrimonio del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García perpetrado en Sevilla en 1998.

Se trata de una de las cinco progresiones al tercer grado aprobadas por el Gobierno Vasco este mes de octubre y que afectan también a Manex Zubiaga Bravo, Asier Rodríguez López, Jon Etxebarria Oiarbide y Angel López Anta, según datos del Observatorio Penitenciario de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) consultados por Europa Press.

Con estos cinco terceros grados son ya 52 las progresiones aprobadas por el Gobierno Vasco desde que asumió las competencias en esta materia hace dos años, en octubre de 2021. De ellas, 13 han sido revocadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional y otros seis han sido suspendidos previo recurso planteado –hay un séptimo pendiente de decisión– por la Fiscalía de este órgano judicial, de acuerdo a los datos de la AVT.

Mikel Azurmendi Peñagaricano, que ha regresado a prisión por efecto de la suspensión del tercer grado, fue uno de los presos etarras beneficiados por la política de acercamientos a cárceles del País Vasco del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fue condenado a 30 años como responsable del asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril, aunque en su historia criminal figuran otros atentados contra los militares Miguel Peralta Utrera (36 años de condena) y Juan José Hernández Rovira (52 años de condena).

La condena para Mikel Azurmendi se elevó a los 208 años por atentar contra el teniente general del Ejército de Tierra y director general de la Política de Defensa Francisco Veguillas, matando a otras dos personas, así como a 351 años por acabar con la vida del sargento Miguel Ángel Ayllón Díaz-González.

Según informó Instituciones Penitenciarias en noviembre de 2020, el etarra fue progresado a segundo grado y trasladado de cárcel al constatar que “rechazaba la violencia y había remitido escrito en el que reconocía el daño causado a las víctimas”.

OTROS CUATRO PROGRESADOS

Entre los progresados al tercer grado en la última tanda del Gobierno Vasco se encuentra Manex Zubiaga Bravo, condenado por la Audiencia Nacional a 111 años de cárcel por su participación en el atentado perpetrado por ETA el 12 de octubre de 2001 en Madrid, en el que resultaron heridas una veintena de personas después de que un coche-bomba hiciera explosión en el parking de la Plaza de Colón a las doce de la noche.

Asier Rodríguez, por su parte, fue condenado a 22 años de cárcel por el intento de asesinato de dos ertaintzas en 2001; Jon Etxeberría Oiarbide a nueve años por un delito de depósito de armas y explosivos por la furgoneta de ETA interceptada en 2017 en Óbidos (Portugal); y Angel López Anta por formar parte del ‘comando Bolueta’.

Este lunes Sare, la plataforma de apoyo a los presos de ETA, ha elogiado los pasos que está dando el Gobierno Vasco en política penitenciaria, aunque han insistido en denunciar las “políticas de excepción” y a la Audiencia Nacional por, según ellos, tomar decisiones en contra de las juntas de tratamiento de las cárceles vascas.

El Tribunal Supremo fijó a finales de 2022 como doctrina legal unificada en materia penitenciaria que en los casos de delitos graves el recurso del fiscal contra una excarcelación, por ejemplo en los casos de un tercer grado, tiene “efecto suspensivo”.


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