Piden anular el acuerdo aprobado con los únicos votos del PP, incluidos los de los siete ediles, y repetir la votación sin ellos
SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)
PSOE, IU-Podemos y Vox han solicitado que se acuerde la recusación de los siete concejales del PP de Santander con “interés personal” en la votación en el último Pleno sobre el allanamiento del Ayuntamiento en el recurso judicial para anular la modificación del reglamento que incorporó la creación de comisiones de investigación como la de basuras.
Reclaman la suspensión del acuerdo, que salió adelante con los únicos votos del PP, y repetir la votación sin estos siete.
Así lo han solicitado en sendos escritos presentados, por un lado por PSOE e IU-Podemos y por otro por Vox.
En su escrito, PSOE e IU-Podemos señalan que estos siete ediles votaron a favor del allanamiento del Ayuntamiento en la demanda de ellos “mismos” contra la modificación del Reglamento que permite crear comisiones de investigación.
“Es tan evidente que el PP ha maniobrado y sigue maniobrando para evitar una comisión de investigación sobre el contrato de las basuras como que la ciudad está más sucia que nunca por culpa del PP, pero lo que no puede ser es que se salten la Ley y el Reglamento para conseguir su objetivo partidista de ocultar la verdad de lo que ha pasado en este servicio público y evitar las responsabilidades políticas, quién sabe si también penales, por el daño causado a los santanderinos. No lo vamos a tolerar”, ha explicado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández.
Por su parte, el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Keruin Martínez, ha resaltado que “lo que está claro es que no se puede ser juez y parte”. “Queremos ver cómo se justifica jurídicamente avalar que los concejales que son parte interesada en el proceso judicial puedan, a su vez, votar a favor de sus intereses de parte”, ha insistido.
En el escrito registrado este jueves, ambos grupos exponen que ya se planteó, previo a la votación del último Pleno del 28 de septiembre, la recusación de los siete concejales del PP que son a su vez demandantes contra el Ayuntamiento en un procedimiento que está por juzgar en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Han recordado que la alcaldesa, la popular Gema Igual, alegó la existencia de “un informe que no constaba en el expediente”, para proseguir con la votación, que habría perdido el PP de prosperar la recusación y la abstención de participar en ese punto del orden del día de esos ediles populares.
De hecho, una de las peticiones de PSOE e Izquierda Unida-Podemos es el informe aludido, “con firma digital”.
De esta manera, han pedido la suspensión del acuerdo del Pleno por el que el Ayuntamiento se allana a las pretensiones de los ediles del PP, en contra de la modificación del Reglamento que permite la creación de comisiones de investigación porque “tienen interés personal” y está “pendiente” el litigio judicial.
En consideración de todo lo anterior, solicitan que se repita la votación sobre un acuerdo que además contempla la finalización de la asistencia letrada externa de los grupos de la oposición, pero esta vez sin los siete concejales del Partido Popular, una vez recusados por el Pleno.
Por su parte, Vox también ha solicitado que se acuerde la recusación de los siete concejales de la Junta de Gobierno Local que también lo estuvieron en la pasada legislatura y señala que la recusación daría lugar a la nulidad del acto -la votación- y también a responsabilidades -que podrían ser incluso penales, según esta formación- a los que no se hayan abstenido.
La portavoz municipal de VOX, Laura Velasco, ha pedido que se acuerde dicha recusación este martes, tras registrarla en el correspondiente escrito y junto al concejal Ángel Madariaga.
En un comunicado, la edil ha explicado que la recusación se basa en lo establecido en artículos de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y del Reglamento Orgánico del Pleno, según los cuales los concejales en cuestión, como parte interesada, “deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución asuntos cuando tengan interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado”. Y añade que corresponde al Pleno resolver las recusaciones que puedan plantearse.
Según Vox, los siete ediles del PP “no debían de haber intervenido y debían de haberse abstenido en la votación” realizada en la sesión plenaria del 28 de septiembre, al entender que concurrían dos causas para ello. En concreto, un interés personal, al ser parte demandante en el recurso contencioso administrativo interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y por estar aún pendiente dicha cuestión litigiosa.
Así, a juicio de Vox, la aprobación del allanamiento por parte de los concejales se produjo “fuera del marco legal”, ya que “incumplieron” su deber de salir del Pleno y abstenerse o no votar debido a que concurrían “causas de incompatibilidad por hallarse inmersos en dicho litigio”.
“Ni es legal ni es ético que se allanen a las pretensiones del recurso las mismas personas que recurrieron”, ha sentenciado Velasco, para avisar que harán “lo que esté en nuestra mano para que sean los tribunales quienes se pronuncien”.
Entre tanto, ha solicitado que se acuerde la suspensión de la tramitación del procedimiento, mientras se dirime la recusación planteada y, en su caso, que se declare nula de pleno derecho la votación efectuada en la sesión plenaria y, en consecuencia, que se repita la misma.
Por último, Velasco ha invitado al resto de grupos políticos a que se sumen a esta iniciativa y presenten también escrito de recusación para “salvaguardar el principio de legalidad”.
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