MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El 27% de las personas con discapacidad intelectual forman parte de la población activa, es decir, tienen un empleo o quieren conseguirlo. El resto (73%) ni trabajan ni se hallan en búsqueda de empleo, y ello requiere “una actuación urgente”.
Así lo puso de manifiesto el vicepresidente de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS), Roberto Álvarez, en la presentación del Congreso Internacional sobre el Futuro del Empleo para Personas con Discapacidad Intelectual que se celebró este miércoles en Santander.
Junto a él, inauguraron la jornada el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti; la presidenta de Plena Inclusión Cantabria, Eloísa Gutiérrez, y la concejala de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander, Isabel Gómez
Según Gutiérrez, “la discapacidad intelectual es la discapacidad con mayor tasa de inactividad de todas”.
De las 190.000 personas que se estiman con esta condición en España, 4.000 están empleadas en la empresa ordinaria y 38.000 tienen algún tipo de empleo protegido.
“Queda mucho camino por recorrer”, y de ahí la necesidad de este congreso, que se celebrará en mayo también en Santander, organizado por Plena inclusión España, Aedis y Plena inclusión Cantabria.
Su objetivo es aportar conclusiones y propuestas que “orienten el necesario cambio normativo que ya ha comenzado, pero que aún debe desarrollarse más”, indicó Álvarez.
LIBRO BLANCO
En su opinión, “estamos ante un momento histórico” en cuanto a la receptividad de las administraciones, con la publicación del Libro Blanco sobre Discapacidad y Empleo y la aprobación de la Ley de empleo, entre otras. Por eso “queremos aprovecharlo y trabajar para hacerlo bien”, defendió.
Por su parte, Gutiérrez destacó que la falta de empleo “limita además el acceso a otros derechos, como la participación social, el ocio, la cultura, la vivienda…”. “El trabajo tiene un componente además de logro social y de autorrealización, y permite “autonomía e independencia a las personas”, subrayó. El trabajo tiene también mucho que ver con “la mayor tasa de pobreza” que afecta al colectivo de personas con discapacidad, argumentó.
En su intervención, Arasti aseguró que el Gobierno de Cantabria potenciará los programas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad intelectual para que “puedan disfrutar de todos los derechos constitucionales”, como el resto de la ciudadanía, entre ellos, el derecho al trabajo.
“Este compromiso exige medidas adaptadas a sus necesidades particulares y a los objetivos de inclusión sociolaboral”, prosiguió, puesto que “las personas con discapacidad no conforman un grupo homogéneo, sino que tienen su propia idiosincrasia y diferentes grados de discapacidad”. “Por eso, asistiremos (a este encuentro) para escuchar y aprender”, concluyó.
En el congreso se compartirán también experiencias de buenas prácticas y se abordarán las necesidades de las personas con discapacidad y de los profesionales y entidades que les prestan apoyos.
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