SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha calificado de “totalmente insuficiente” el parque público de vivienda social de la Junta de Andalucía, el cual es de 74.957 viviendas en 315 municipios; de ellas, 49.211 en alquiler y 25.745 en compraventa con pago aplazado, y al mismo tiempo ha afirmado que el Gobierno andaluz “incumple” el Estatuto de Autonomía con una política de “inversión cero” en vivienda protegida.
La dirigente sindical ha presentado junto la secretaria de Política Social y Migraciones del sindicato, Rosa Berges, un informe en el que se recoge la situación de la vivienda en Andalucía en 2022 y 2023. En el mismo se destaca, entre otras cuestiones, la dificultad para acceder a una vivienda, ya sea a través de la adquisición o a través del alquiler, “lo que se traduce en una caída en picado de la tasa de emancipación entre jóvenes de 16 y 34 años en los últimos 15 años”, según ha recogido el sindicato en una nota de prensa.
Asimismo, López ha criticado que el Gobierno andaluz “sea incapaz de dar solución al problema de la vivienda en Andalucía”. “Su política en vivienda protegida es cero y los recursos que se destinan a este derecho recogido en el artículo 25 de nuestro Estatuto provienen del Gobierno central o de Europa”, ha explicado la dirigente.
“A algunos se les llena la boca reivindicando Andalucía, el Estatuto de Autonomía y diciendo que va a defender a los andaluces, pero, sin embargo, está incumpliendo el artículo 25 de nuestro Estatuto que habla de las políticas públicas para favorecer en condiciones de igualdad el acceso a la vivienda del conjunto de la población andaluza”, ha aseverado la secretaria general de CCOO-A.
Prueba de esa “dejadez”, ha continuado, es que la Junta lleva cuatro años sin calificar VPO, cuando la media anual anterior a ese periodo era de unas 9.000. “Esto evidencia que su política es la de reducir las viviendas de protección oficial, favoreciendo con ello la especulación porque cuando necesidad y escasez se unen se convierten en una mina de oro para los especuladores”, ha aseverado López y ha añadido que “no entendemos cómo el Gobierno andaluz mira a otro lado y mantiene una política de brazos caídos para favorecer la especulación y no ayudar a las familias trabajadoras”.
Además, las dirigentes han apuntado que esa falta de vivienda social unida al incremento del precio medio de la vivienda nueva en 14 puntos y de 10,8 puntos la de segunda mano y al aumento de los intereses hipotecarios “convierten el acceso a la vivienda y el pago de la misma en un problema de primer nivel en Andalucía”. “Estamos ante unos precios desorbitados que ya superan a los 2007”, explica Berges.
De hecho, ese aumento de los intereses ha traído como consecuencia que los trabajadores tengan que destinar de media un 35,1% de su salario, “que ya de por sí está por debajo del SMI en muchos casos”. Ese porcentaje aumenta en el caso de las mujeres hasta el 40% y de las personas jóvenes que han de dedicar el 43,5% de su salario a la cuota hipotecaria y el 53,1% al pago del alquiler.
Ante esta situación y ante el “grave problema” que vive la clase trabajadora respecto a la vivienda, las dirigentes han reclamado al Gobierno andaluz la puesta en marcha de un Plan de vivienda protegida y refuerzo de la vivienda social donde se incluyan, entre otros parámetros, medidas para el incremento del parque de vivienda protegida; un refuerzo del sistema de ayudas para garantizar a las familias que el esfuerzo máximo de rentas sea un tercio en el caso de la propiedad y de un cuarto para el alquiler; o un plan que favorezca el acceso a la vivienda de la población joven, especialmente la más necesitada, a personas y familias de ingresos medios o bajos, con dificultades económicas o sin ingresos.
De otro lado, López ha alertado de que Andalucía es la primera comunidad en ejecuciones hipotecarias y la segunda en lanzamiento por impago de alquiler, por lo que ha pedido medidas contra los desahucios, “paralizándolos en el caso de las familias más vulnerables y estableciendo la obligación de ofrecer alquiler social en el caso de bancos y grandes propietarios y realojo por la administración en casos de pequeño propietario”.
Especial mención han hecho las dirigentes también al bono joven para el alquiler, acusando al Gobierno andaluz de “haber hecho un daño importante a la juventud andaluza que sigue a la espera del pago comprometido por el Ejecutivo”.
Por último, la secretaria general de CCOO-A recuerda que se presentaron 14.000 solicitudes que siguen “sin resolverse” y advierte a la Consejería de Fomento que “no vale con decir que ha puesto a trabajar en ello a más funcionarios porque la que tenía que haber hecho el trabajo en tiempo y forma era la Consejería porque así lo había comprometido”. En ese sentido, la dirigente insta a hacer “ya” el pago y a abrir una nueva convocatoria para las que se quedaron pendientes.
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