MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia (TSJM) ha declarado la nulidad de pleno derecho de la moratoria a los vehículos con etiqueta B para acceder a Madrid Central, precepto impugnado por Más Madrid y el PSOE tras la modificación normativa acometida por el Gobierno municipal en el último diciembre mediante una modificación a la ordenanza de Movilidad a través de la inclusión de una disposición final de la ordenanza de Limpieza y Residuos.
“No sólo la enmienda introducida supone una modificación sustancial del texto sometido a información pública sino que además tampoco presenta una mínima relación de homogeneidad con el proyecto aprobado pues su objeto ni siquiera es alterar el contenido de la ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular sino modificar otro texto normativo, la ordenanza de Movilidad Sostenible”, recoge la sentencia del TSJM, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Según el TSJM, “no existió ninguna posibilidad para los potenciales interesados en realizar alegaciones sobre la disposición al introducirse ex novo, vía enmienda, y no guardar relación alguna con el proyecto en el que se insertó”. Por consiguiente, continúa la sentencia, el TSJM determina que procede “declarar la nulidad de pleno derecho del precepto impugnado”.
Desde el principal grupo de la oposición han destacado en un comunicado que la Justicia estima la denuncia presentada “por atentar contra la salud de los madrileños recortando aún más la zona de bajas emisiones para contentar a los socios (del PP) de la extrema derecha”.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que no recurra la sentencia, que condena al Ayuntamiento a pagar las costas. La edil ha calificado de “temeridad el permitir que entraran a Madrid Central 40.000 coches más al día, un peligro para la salud y la calidad del aire”.
Más Madrid ha cargado contra la “trampa por la puerta de atrás” que suponía modificar la ordenanza de Movilidad mediante una disposición de la ordenanza de Residuos. “Y ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha sacado los colores al alcalde, poniendo freno a su modelo de ciudad del tubo de escape”, ha lanzado Maestre.
El principal grupo de la oposición ha resumido que “la moratoria deja de tener efecto y deberá inaplicarse desde que la sentencia sea firme”. La consecuencia real es que “no podrían pasar esos coches en lo que queda de año, adelantar lo que estaba previsto el 1 de enero de 2024 a cuando sea firme la sentencia”.
“Todo lo que hace Almeida respecto a Madrid Central es cutre, chapucero y, para colmo, con total opacidad en este caso, ya que ni siquiera lo sometió a información pública”, ha sentenciado Rita Maestre.
Más Madrid insiste en que no recurran la sentencia, que la acaten y que rectifiquen. “Cada vez que saca pecho de la calidad del aire es porque nos hace caso, a ver si de una vez por todas toma nota: el futuro de Madrid pasa por menos coches, menos emisiones, aire más limpio, menos talar árboles y más zonas verdes”, ha sostenido.
EL PSOE APLAUDE QUE LA JUSTICIA “PARE LOS PIES” A ALMEIDA
Desde el Grupo Municipal Socialista el concejal Ignacio Benito ha celebrado que la Justicia les haya “dado la razón y haya vuelto a parar los pies al señor Almeida ante una chapuza legal y procedimental que pretendía modificar la Ordenanza de Movilidad a través de la de Limpieza, otorgando una moratoria a vehículos contaminantes”.
“Con la ciudad más sucia que nunca, Almeida se permitió el lujo de utilizar la Ordenanza de Limpieza no para adecentar las calles sino para cambiar otra ordenanza distinta por la puerta de atrás. Además, se ha vulnerado el derecho de los ciudadanos a intentar modificar el texto, quedando claro que el interés de Almeida por la ciudadanía dura lo que permanecen abiertos los colegios electorales”, ha trasladado Benito a Europa Press.
A lo que ha sumado que el Ayuntamiento ha “hurtado a los concejales la posibilidad de enmendar la ordenanza, en otra demostración más de que Almeida hace lo imposible para evitar cualquier debate que pueda destapar sus vergüenzas medioambientales en una ciudad en las que 2.000 personas mueren al año por culpa de la contaminación”.
Para Ignacio Benito se trata de “un nuevo ejercicio de trilerismo tumbado por los tribunales y dos ordenanzas que siguen sin dar respuesta a una ciudad cada vez más sucia, más atascada y más contaminada”.
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