Se basa en el informe de los peritos del Banco de España y señala que ya no procede prorrogar la instrucción
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La defensa del que fuera presidente del Banco Popular Ángel Ron ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga la ampliación de capital de la extinta entidad en 2012 el archivo de la causa para su representado a tenor del informe de los peritos del Banco de España que resalta que la operación “fue un éxito”, que las cuentas “expresaban la imagen fiel” del banco y que supuso “una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas”.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal del expresidente ha indicado que no es necesario que los peritos del Banco de España acudan a la sede judicial a ratificar el informe emitido en julio, y que dado que no quedan por practicar diligencias no se debe acordar una prórroga de la instrucción –vence el 8 de octubre– por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz.
Cabe recordar que ese peritaje del Banco de España señalaba que de la revisión de la documentación disponible en esta pericia se desprendía que “el motivo de ampliar capital tuvo directa relación con el resultado de las pruebas de estrés y con la decisión de cumplir con los requerimientos de solvencia exigidos, evitando así recibir ayudas públicas, lo cual hubiera supuesto, probablemente, la pérdida de la total independencia del banco”.
Apuntaba que “dado el elevado importe a cubrir y la urgencia por hacerlo, fruto de los plazos impuestos por el Banco de España, los órganos de administración” del Popular “se decantaron por realizar una ampliación de capital al considerarse la opción con más probabilidades de éxito de entre todas las disponibles”.
NO HUBO ENGAÑO
La defensa de Ron señala en su escrito que de ese informe del Banco de España se hace evidente que “los hoy personados como acusación particular obtuvieron una alta rentabilidad de su inversión” con la ampliación de 2012, y que por tanto “no hubo engaño a los inversores” porque la medida “fue un auténtico y rotundo éxito”.
“Por tanto, si tal y como informa el citado informe, la documentación e información con la que contaban los inversores reflejaba la imagen fiel de la entidad –es decir, no hay engaño– y en ningún caso hubo ningún tipo de perjuicio económico –obtuvieron una alta rentabilidad– no se cumple ninguno de los elementos del tipo penal que las acusaciones –en un claro ejemplo de instrumentalizar este procedimiento para la AC (ampliación de capital) de 2016– no cabe diligencia adicional alguna más allá del sobreseimiento libre y archivo de las presentes diligencias previas”, indica.
Suma a esto que el peritaje destaca también “el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos legales de capital durante todo el periodo analizado” (2011 y 2012) y que no hay duda sobre la información contable y financiera sobre la que se soportó la ampliación de capital, “destacando que reflejaba la imagen fiel de la entidad por lo que en ningún caso cabe hablar de daño alguno”.
Para la defensa de Ron hay pocos escenarios en la que un perito califique de forma “tan rotunda una operación como éxito y afirme que las cuentas en las que se basó tal éxito expresaba la imagen fiel de la entidad”. “La literalidad es tan incontestable que poco comentario adicional puede añadir esta parte a lo ya explicado por los peritos”, subraya.
Por todo esto, y dado que las conclusiones de los peritos son “inequívocas”, la defensa encuentra “impertinente, irrelevante, e inútil” la ratificación del informe solicitada por las acusaciones particulares, en la medida que todos y cada uno de los extremos planteados “son suficientemente claros”.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
Cabe recordar que el juez Pedraz admitió en junio del pasado año dos querellas interpuestas, entre otros, contra el Banco Popular y su expresidente Ángel Ron por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital del ejercicio 2012. Una de ellas fue presentada por Miguel Ángel Pereira en representación de otras 50 personas que perdieron su dinero en la citada ampliación.
Hasta la fecha, el instructor ya ha tomado declaración al expresidente de la entidad Ángel Ron y a su vicepresidente Roberto Higuera. Ambos defendieron en sede judicial que el folleto de la ampliación era “claro y transparente” y que todas las operaciones relacionadas con la ampliación se realizaron de forma correcta.
Además, el magistrado también ha interrogado al exdirector general corporativo y de finanzas del banco Jacobo González-Robatto y el expresidente de la Comisión de Auditoría José Ramón Rodríguez, que sostuvieron que la citada ampliación de 2012 fue “un rotundo éxito”.
Se da la circunstancia de que Ron también consta como investigado en la causa que se sigue por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, por las presuntas irregularidades contables del Banco Popular en 2016 y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
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