MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
La Asociación Españoles de Asesores Fiscales (Aedaf) ha formulado una denuncia ante la Comisión Europea para censurar el encaje técnico del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, que cuenta con “numerosos defectos técnicos” y “pide a gritos una revisión en profundidad”.
Así lo desveló la presidenta de la organización, Stella Raventós, durante la presentación de un informe sobre este nuevo tributo, que entró en vigor el pasado 1 de enero. “Se trata de un impuesto cuya finalidad nosotros no discutimos. Creemos que realmente el plástico es algo que tiene que controlarse muy bien porque el daño que está produciendo en el ambiente es extraordinario. Lo que cuestionamos es la técnica del impuesto y su complejidad”, aclaró.
La denuncia ante Bruselas se presentó en abril y ahora está en fase de análisis por parte de la Comisión Europea. Tras analizar el informe de Aedaf, el Ejecutivo comunitario tendrá que decidir si acepta los argumentos expuestos. En caso de hacerlo, solicitará una modificación normativa al Gobierno de España, que debería reformular el impuesto en ese escenario.
Para Aedaf, el impuesto al plástico es “sin ningún lugar a dudas” un tributo “inmaduro” que “goza de numerosos defectos técnicos y que pide a gritos una revisión en profundidad, tanto de sus elementos estructurales, como de su esquema de liquidación y obligaciones formales, con la idea de que la inversión a realizar por los contribuyentes en términos de tiempo y dinero sea proporcional con el importe objeto de recaudación”.
Los asesores fiscales consideran que el impuesto se ha introducido de una forma “totalmente precipitada” para cumplir con los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –de obligado cumplimiento para poder recibir los distintos desembolsos de los fondos europeos–, y aseguraron que su diseño se elaboró “en los despachos del Ministerio para la Transición Ecológica sin tener en cuenta las observaciones presentadas en el trámite de información pública”, y sin el apoyo necesario de Hacienda y los operadores del sector.
Como resultado de esta consecución de hechos, Aedaf considera que el impuesto ha terminado siendo “un engendro fiscal”, en vez de un tributo “con una finalidad medioambiental cierta”, “digerible” para el contribuyente en términos de gestión, y “controlable” por parte de las autoridades competentes.
En este sentido, recordaron que Italia, “el único Estado miembro que tenía intención de aprobar un impuesto con las mismas características” que el español, decidió retrasar en el último momento su entrada en vigor al año 2024 “y, a la vista de la experiencia española, se habla incluso de una posible retirada del impuesto”.
EMPRESAS QUE NO LO PAGAN
Según Belén Palao, miembro del grupo de expertos en impuestos indirectos de Aedaf y autora del informe, existen “miles” de ejemplos de empresas que no pagan el impuesto que “no saben cómo afrontar el impuesto” y, por tanto, no lo pagan.
Los asesores fiscales consideran que la mayoría de las obligaciones formales que recoge el impuesto son de “difícil cumplimiento”, sobre todo para las pymes. Prueba de ello es el aluvión de consultas que la Dirección General de Tributos ha recibido por este nuevo tributo.
“El impuesto, tal y como está configurado a día de hoy, plantea un primer reto nada desdeñable y es la validez del dato a partir del cual se declara y liquida el impuesto y su comprobación por parte de las autoridades fiscales, siendo así que auguramos un futuro lleno de litigios lo que no tiene sentido alguno en términos de coste por recaudación”, advierte el informe.
Así las cosas, los asesores fiscales exigieron al legislador “un trabajo serio de análisis y de estudio”, que cuente con la participación “activa” de “todos los organismos implicados” y resulte en un impuesto que cumpla los objetivos medioambientales, a la vez que facilita a las empresas su pago y a las autoridades su comprobación.
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