Cree que “el procedimiento no está respondiendo” a nuevos delitos como los informáticos, “cada vez más frecuentes”
BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)
La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha advertido de que no se puede “hablar de proteger a las víctimas” de violencia de género, pero “no dotar de medios necesarios” para ello. Asimismo, ha lamentado que “las reformas legales no acaban de dar con la solución adecuada” ante este tipo de delitos.
En su intervención en el acto de apertura del año judicial 2023-2024 en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en Bilbao, Adán ha abogado por que, en el actual momento de “incertidumbre social” y leyes que “pueden ser interpretadas en diferentes sentidos”, se debe combatir la “desconfianza” que se ha generado con “el esfuerzo de cada día”.
Entre los datos de la última Memoria, ha lamentado que en el ámbito de lo Penal se refleja un aumento “en todo”. En función de los datos que ha aportado, los fiscales vascos han presentado 27.622 acusaciones en delitos graves y menos graves y han intervenido en más de 23.000 procedimientos de delitos leves.
Tras señalar su “orgullo” por el trabajo de los fiscales vascos, ha advertido, no obstante, de que, para que el Ministerio Fiscal pueda cumplir sus funciones, son necesarios “espacio, recursos y actividad, que no puede paralizarse”.
En esta línea, ha aludido a los procesos digitales, “siempre necesarios” aunque ha dicho tener la sensación de que se está “en un barco que se va construyendo mientras navegamos”.
Según ha indicado, “en algún momento, pero cuanto antes, es necesario que se afronten los cambios para un código procesal digital que regule los cambios que el expediente digital ha supuesto en el proceso y que no tenga que ser rellenada su falta con instrucciones generales o particulares que intentan dar soluciones concretas”.
Adán ha dedicado parte de su discurso a los delitos en materia de violencia de género y ha lamentado que “las reformas legales no acaban de dar con la solución adecuada”. La fiscal superior ha valorado como “piezas importantes” los informes de valoración forense integral y se ha hecho “eco” de la protesta por falta de medios que hace que en territorios como Gipuzkoa el retraso para emitir informes “sea de más de un año”.
“No podemos estar hablando de proteger a la víctima y, al tiempo, no dotarlo de los medios necesarios. Hay prioridades y esta es una de ellas”, ha remarcado.
Asimismo, ha aludido al aumento de delitos contra la libertad sexual a pesar de que “hay muchos supuestos que no se denuncian, del entorno cercano, del entorno de fiesta o incluso del entorno profesional”. “En todos estos casos vemos a la víctima con miedo al proceso, vemos a la víctima que no quiere exponer el hecho públicamente y no podemos juzgar si la víctima piensa que el olvido es la mejor curación de la agresión”, ha dicho.
Adán ha reivindicado que es “fundamental” responder a este tipo de delitos con una red de apoyos y servicios que permitan no solo la detección, sino el apoyo psicológico para que “la víctima se convierta en la prueba de carga necesaria”.
Asimismo, ha remarcado que se debe “responder con la celeridad” que la sociedad demanda. “Debemos acelerar los tiempos y promover los cambios legislativos que sean necesarios”, ha señalado.
En otro orden de cosas, ha recordado que se ha producido “un salto cualitativo importante en los bienes que son lesionados” en los delitos informáticos que se cometen en las redes.
Adán ha planteado que se necesitan “más medios” y, tras dar la “bienvenida” a iniciativas como la agencia vasca de Ciberseguridad, ha advertido de que, además del “esfuerzo” en la detección y puesta en conocimiento de jueces y fiscales, “el proceso debe responder y desde nuestra administración continuar con ese impulso”.
En este sentido, ha señalado que se topan “demasiadas veces” con cuestiones de competencia, “remitiendo la investigación de un juzgado a otro, de un territorio a otro por razón de que el delito se comete en diferentes lugares”.
La fiscal vasca ha advertido de que, “por mucho que la Fiscalía o los juzgados se especialicen, el procedimiento no está respondiendo a estas nuevas formas de delincuencia que son cada vez más frecuentes”. En su opinión, “el modelo procesal de investigación penal en nuestro país es deficitario para muchos delitos y en especial para estos”.
REPARAR EL DAÑO
Finalmente, ha subrayado la importancia de la reparación del daño a las víctimas. “No sólo se trata de que se abonen las indemnizaciones, se trata de reparar”, ha reivindicado.
En los casos de los delitos cometidos por menores, ha reiterado su “seria preocupación” y ha añadido que la Fiscalía está “exigiendo responsabilidad a padres, centros educativos y centros tutelares”. Según ha indicado, “son muchos los delitos cometidos a través del teléfono, los ordenadores o las redes, proporcionar un teléfono o un ordenador o entrada de acceso en redes es una responsabilidad de cada padre o centro, pero en ese margen de autonomía que tienen es una responsabilidad que les va a ser exigida en el proceso”.
La fiscal superior ha señalado que “el ataque a la intimidad y la imagen tiene que ser reparada no solo desde el punto de vista de daño psicológicos o que se produzcan a la víctima, sino desde el punto de vista del daño moral, es decir solo por la lesión del derecho a la dignidad, la imagen o la intimidad”. El daño moral, ha concluido, se cuantifica “desde el punto de vista no solo de las circunstancias personales de cada víctima, sino también desde la perspectiva de la repulsa social”.
- Te recomendamos -
