MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros acordó este lunes declarar zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil -actual denominación de la antigua ‘zona catastrófica’- en 28 comarcas de nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia) que han resultado dañadas por fenómenos meteorológicos adversos o incendios en septiembre.
Entre estas emergencias destaca la depresión aislada en niveles altos (DANA) que provocó el pasado 2 de septiembre precipitaciones persistentes, generalizadas y en algunos puntos de extremada fuerza, que causaron la muerte de ocho personas y numerosas incidencias en prácticamente todas las provincias de las comunidades autónomas afectadas.
Además, las lluvias torrenciales produjeron inundaciones en calles, bajos, garajes y carreteras, desprendimientos, cortes puntuales de electricidad y problemas de circulación de trenes, además de numerosos daños en infraestructuras y en bienes públicos y privados, cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, lamentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en esos episodios se produjeron “daños materiales a bienes personales” y también “daños en la vida de las personas”, puesto que se registraron ocho personas fallecidas. “Desde aquí hemos trasladado siempre el acompañamiento a sus familias y nuestro pesar. Sin duda, la muestra más lamentable y dolorosa de estos acontecimientos, que ocurrieron en nueve comunidades autónomas”, añadió.
La decisión del Consejo de Ministros abre la vía para que los afectados por estas emergencias puedan solicitar las ayudas previstas para paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles y de otros servicios, así como las que corresponden corporaciones locales cuyos territorios se vieron afectados por las lluvias.
Estas ayudas se conceden con apoyo en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas de las comunidades autónomas.
AYUDAS DIRECTAS
Las medidas de recuperación previstas en este acuerdo y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente (18.000 euros), por destrucción o daños en enseres de primera necesidad (límite de 2.580 euros), por destrucción total de la vivienda habitual (máximo de 15.120 euros), por daños a la estructura de la vivienda habitual (el 50% de los daños, con un máximo de 10.320 euros) y por otros daños en la vivienda habitual (el 50% de los daños, con un máximo de 5.160 euros) y por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios (el 50% de los daños, con un máximo de 9.224 euros),
Además, también incluyen ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes (el importe total de los gastos); a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos (hasta 9.224 euros), y a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables (entre el 50% y el 100%, según los casos).
El acuerdo también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas de la Dirección General de Tráfico (DGT) para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.
OTRAS MEDIDAS
Además, el acuerdo incluye beneficios fiscales, pues el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que corresponden a los receptores de las ayudas. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las ayudas por daños personales.
Hay medidas laborales y de Seguridad Social, ya que los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.
También se prevén ayudas a las corporaciones locales. El Ministerio de Política Territorial concederá ayudas, por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
Igualmente, se cubrirán daños en infraestructuras públicas y dominio público. Los restantes ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras, para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.
Las ayudas por daños en explotaciones agrarias no están recogidas en este acuerdo, pues están cubiertos por un sistema propio de aseguramiento como es el Sistema de Seguros Agrarios Combinado, que se ha ido ampliando progresivamente para cubrir incluso infraestructuras y que permite atender las necesidades de este sector ante este tipo de catástrofes naturales. No obstante, sí se prevé la disminución de los módulos de IRPF para los afectados por este tipo de daños.
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