MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Confederación Española de Asociaciones de Comerciantes de Cascos Históricos (COCAHI) pedirá al Gobierno de España y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que anule y aplace la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones en las ciudades españolas hasta 2035, la misma fecha en la que se dejarán de vender coches de combustión.
Para la organización, de la que forman parte 55 asociaciones de comerciantes locales, las actividades comerciales, empresariales y de los vecinos en general “no deben ser castigadas en un momento económico tan difícil” y considera que no tiene sentido que la Unión Europea permita seguir fabricando y vendiendo vehículos de combustión y que en España no se pueda circular con ellos en el centro de las ciudades.
La petición de la COCAHI será remitida al Gobierno y a la Femp en un escrito en el que solicitan la anulación de las Zonas de Bajas Emisiones.
El colectivo defiende que el comercio físico y el comercio de proximidad es el que da sentido a las ciudades, es un comercio sostenible, responsable con el medio ambiente, dinamiza la economía local y es el que da el servicio y abastece a la población de las ciudades.
En ese contexto, alerta de que las zonas de bajas emisiones están modificando el modelo económico de los centros urbanos y cascos históricos de las ciudades y avisan de que la medida está afectando negativamente a la actividad comercial y empresarial de las zonas centro de ciudad, además de suponer un castigo a todos los ciudadanos, a los que se les impide acceder a las mismas, en un intento deliberado de obligarles a cambiar de coche en medio de un momento económico tan difícil para todos.
El presidente de COCAHI y de Compostela Monumental, José Manuel Bello Rey observa que si la Unión Europea amplía hasta 2035 la posibilidad de seguir fabricando coches de combustión, “no tiene ningún sentido que en España se implanten obligatoriamente estas ZBE”.
Bello subraya que el pequeño comercio ha sido el primero que ha promovido y apoyado los planes de peatonalización en las calles porque creen que son espacios “mucho más agradables” para las compras, pero determinados modelos urbanísticos y medioambientales pueden hacerles mucho “menos atractivos y competitivos” respecto a otras zonas de la periferia que no tienen “ningún tipo de cortapisa” para instalarse y construir enormes aparcamientos gratuitos. En su opinión, esto precisamente favorece de una forma “alarmante” el uso masivo e indiscriminado del coche.
En este contexto, asegura que hay Ayuntamientos en España que están en contra de la aplicación de las ZBE desde su puesta en marcha, ya que se estima que más del 80 por ciento de los vehículos que circulan por las ciudades españolas no podrían hacerlo.
En definitiva, insiste en la idea de que no se puede obligar a la mayoría de la población de una ciudad a cambiar de coche en una situación de crisis económica y de incremento desmedido de los precios de productos como la comida, luz, las hipotecas.
“Los comerciantes, autónomos y ciudadanos no podemos hacer frente a un solo gasto más y menos para comprar un vehículo que nos permita transitar por las Zonas de Bajas Emisiones”, apostilla.
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