SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha mantenido este viernes una reunión con representantes del sector de las residencias y, tras el encuentro, ha fijado algunas reclamaciones que llevarán al pleno de la semana que viene. Entre otras, más técnicos de inspección y una web en la que se recojan de forma transparente las actas de las actuaciones para que las familias puedan conocer los centros en los que se decide ingresar a una persona en caso de ser necesario.
De hecho, estos dos puntos forman parte de la iniciativa que defenderá después de que en el pleno de la semana pasada se hubiese interpelado a la conselleira de Política Social, Fabiola García, por las “filtraciones” a centros sobre la realización de estas inspecciones con una antelación suficiente como para corregir deficiencias, las cuales la responsable de la cartera social negó.
Sin embargo, la portavoz nacional del BNG recrimina a la consellería que no abra una investigación para conocer lo sucedido después de que la asociación de inspectores denunciase estas filtraciones y ha pedido “blindar”, como así también recogerá la iniciativa, el sistema de inspección para que se evite al máximo cualquier información previa a los centros que van a ser auditados.
“Estamos hablando de unos hechos gravísimos, pero el PP mira para otro lado, niega los hechos y, ante las denuncias, opta por perseguir a quien las hace y no investigar”, ha advertido Pontón, quien ha defendido las propuestas “realistas y concretas” que la formación llevará al próximo pleno con el fin de garantizar “una atención de calidad y el derecho a una vejez digna”.
MÁS INSPECTORES
Además de la investigación, el BNG propone incrementar el número de inspectores, ya que actualmente hay siete para 22.0000 usuarios para unos 950 centros. “Por lo menos duplicarlos, puesto que la supervisión y control de las residencias es clave para la seguridad de las personas mayores”, ha apuntado Pontón.
A juicio de la diputada nacionalista, el PP “no quiere que la inspección funcione y coloca los intereses de las empresas por encima del derecho a una vejez digna”. Así, ha avisado de que a las denuncias de este verano hay que sumarle las hechas por el propio personal de las residencias o los usuarios, así como los informes del Consello de Contas, que en 2018 advirtió de la escasez de personal, “deficiencias y desperfectos” en instalaciones, tras lo que llegó la pandemia.
Otra de las propuestas que hará el BNG es la de “blindar” el modelo de inspección contra filtraciones, para lo que propone recuperar un sistema por el que los profesionales deciden el día de las visitas y comunican en el momento de llegar a la residencia.
TRANSPARENCIA Y CLARIDAD
Y con el objetivo de “alcanzar transparencia y claridad”, el BNG pedirá que se cree una web de acceso al público con la información de las actas e informes de las inspecciones, así como de las sanciones impuestas y las ayudas que recibe cada residencia privada o concertada.
“No es decente que el gobierno del PP desproteja a nuestros mayores en las residencias y se ponga del lado de las empresas, muchas de ellas multinacionales controladas por fondos buitre desde paraísos fiscales o por entidades religiosas”, ha denunciado Pontón, quien ha criticado que “después de todo lo vivido en la pandemia se siga con el mismo modelo de residencias privatizando que hace negocio con la vejez”.
Además, la dirigente nacionalista se ha referido a la “elocuencia” de los datos que indican que Galicia tiene el porcentaje de plazas públicas más bajas de todo el Estado y que en 14 años el Gobierno del PP “no puso en marcha ni una sola residencia pública”. “Lo único que hizo el PP es votar en contra de la propuesta de ley del BNG que tenía como objetivo garantizar una vejez digna a las personas mayores, cualesquiera que sean sus circunstancias económicas y sociales”, ha recriminado.
El BNG insiste en que la “mejor opción” es que las personas mayores disfruten de esa etapa vital en sus casas, pero “cuando no sea posible, deben disponer de un modelo de residencias públicas capaz de garantizar el derecho a una vez digna”, sentencia.
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