“Hay que establecer programas en los que se intervenga con los menores porque es un verdadero problema”, reivindica la fiscal jefe
SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)
Los procedimientos penales tramitados el año pasado en Cantabria experimentaron un “ligerísimo” crecimiento, del 0,6 por ciento, respecto al ejercicio anterior, cuando se incrementaron un 14% (después de haber bajado un 18% en 2020, marcado por el Covid). Así, la región no está todavía en parámetros de criminalidad previos a los de la pandemia.
Y de todas las infracciones destacan las cometidas por menores. Las de aquellos que tenían más de 14 años se incrementaron un 13% en 2022, en ámbitos como los delitos contra la libertad sexual y, también, contra la salud pública, por el consumo de sustancias cada vez mayor y que a veces es diario, lo que les lleva a trapichear.
De hecho, estos ilícitos por tráfico de estupefacientes se ha multiplicado por cuatro en doce meses, según datos de la última memoria de la Fiscalía de la comunidad, de acuerdo con la cual el año pasado 113 menores de menos de 14 años cometieron algún delito.
Esto ha llevado al ministerio público a solicitar al Gobierno autonómico programas de prevención de la delincuencia entre este colectivo.
“No basta con abrir un expediente, tenemos que dar un paso más y establecer programas en los que se intervenga con los menores porque es un verdadero problema”, ha manifestado la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, este miércoles en el Parlamento, donde ha presentado la Memoria de la Fiscalía de 2022.
“Algo hay que hacer, porque la situación antes era preocupante, y ahora ya grave”, ha alertado en su comparecencia ante la Comisión de Justicia, durante la que ha recalcado el que haya más de un centenar de menores que no han cumplido los 14 años que han delinquido, así como el aumento del consumo de sustancias entre los más jóvenes.
Por eso, Jiménez ha hecho un llamamiento, a las familias y a la comunidad educativa también, para que haya una “ayuda mutua” y entre todos poder detectar estas situaciones, y ha llamado además a denunciar ese tipo de situaciones, para que se ponga en marcha el correspondiente procedimiento y las ayudas previstas, que tienen una función de “encauzamiento”.
Al hilo de lo anterior, ha valorado que en supuestos como el acoso escolar se denuncie ahora más que antes, contabilizándose el año pasado once casos. Y de nuevo, ha llamado a los docentes a implicarse y denunciar para aplicar medidas que, junto con el “reproche penal”, cumplen una “función educativa”.
SITUACIÓN DE “EMERGENCIA” DEL MEDIO AMBIENTE
Otro ámbito sobre el que ha llamado la atención la fiscal jefe de Cantabria es el del medio ambiente, que vive una situación de “auténtica emergencia”, también por el cambio climático, y a la que ha “contribuido el hombre”.
Por eso, ha pedido a los ciudadanos en general que denuncien “todos los ataques” al entorno natural, aunque “no nos sintamos víctimas del delito en el momento de su comisión”, porque de lo contrario la situación será “muy grave”.
Jiménez –que lleva ocho años al frente de la Fiscalía de Cantabria y dirige una organización y una plantilla estable, integrada por 29 fiscales– ha subrayado igualmente los 21 fallecidos en otros tantos accidentes de tráfico mortales registrados el año pasado en las carreteras de la región, y que son cifras “muy altas”.
En este punto, se ha mostrado partidaria de aumentar los controles que hacen los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los conductores, para detectar el consumo de alcohol y drogas al volante, pues puede “salvar vidas”, a lo que se suma el efecto disuasorio que tienen.
También ha remarcado el incremento de las víctimas mortales en accidentes laborales, que pasaron de tres a siete, o el aumento en un 18% de los delitos contra la vida en 2022, cuando crecieron un 14% los escritos de acusación por lesiones, el mismo porcentaje en que subieron los procedimientos por ilícitos contra la libertad sexual.
Asimismo, ha subrayado el “notable” repunte de los delitos contra la propiedad, especialmente robos y estafas por Internet, al igual que han hecho y de manera “relevante” los delitos de odio.
Entre los apartados que más preocupan a la Fiscalía figura el de la violencia de género, en el que se presentaron casi un 20% más de denuncias y peticiones de medidas cautelares, crecimiento ligeramente superior al experimentado por los escritos de acusación formulados.
En este ámbito, y a preguntas de los diputados, Jiménez ha detallado que en Cantabria, a raíz de la entrada en vigor de la conocida como ‘ley del solo sí es sí’, se ha producido la excarcelación de un procesado y se ha reducido la condena a cinco más en contra del criterio de esta Fiscalía, e incluso un caso fue recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, aunque resultó desestimado.
PENDENCIA: DILIGENCIAS URGENTES FRENTE A PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS
Por lo demás, en lo que a la actividad judicial en sí se refiere, la jefa del ministerio público en la región ha mostrado su preocupación por la pendencia, sobre todo en los casos tramitados como procedimientos abreviados, donde ha crecido casi un 25%, y ha reiterado que se trata de un sistema “obsoleto”.
Frente a ello, ha valorado la agilidad de los delitos menos graves cursados como diligencias urgentes, que se tramitaron por un camino “más rápido” y, además, en un 77% de los casos acabaron con conformidad de las partes.
LA RECLAMACIÓN HISTÓRICA DE LA OFICINA FISCAL Y OTRAS DEMANDAS
Finalmente, en relación a los retos y demandas, Pilar Jiménez ha vuelto a reclamar una petición “histórica”: la oficina fiscal, que se necesita y “con independencia” de los juzgados y de la aprobación de la ley de eficiencia procesal.
También, el fortalecimiento de la oficina de atención a las víctimas o la dotación de la cámara Gesell para la toma deceleración de menores, entre otras.
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