MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional (AN) ha trasladado al juez instructor Santiago Pedraz que debe enviar a la policía judicial el informe emitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) sobre los ingresos recibidos en cuentas de España de Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, por si esos movimientos tuvieran que ver con la causa en la que se le investiga a él y otros altos cargos ecuatoguineanos por su presunta participación en el secuestro y tortura de opositores.
Así consta en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recogido por Europa Press, que responde a los recursos presentados por los familiares de los opositores desaparecidos que sostenían que la unidad que lleva a cabo la investigación debe aclarar el uso de estos fondos toda vez que pudieran haber sido utilizados para la persecución de los miembros de la MLGE3R, para espiar sus actividades en España o para facilitar sus secuestros.
Pedraz se había negado a enviar el asunto a la policía judicial con el argumento de que del informe no se desprendía relación alguna con los secuestros por cuanto se trata de ingresos con destino a la adquisición de bienes inmuebles y amortizaciones de hipoteca. Y añadía que ni las acusaciones ni la Fiscalía aportaron “dato o elemento alguno que acredite si quiera mínimamente indicios delictivos”.
Cabe recordar que fue en marzo de este año cuando Pedraz recibió ese informe de SEPBLAC en el marco de la pieza separada de situación personal de Carmelo Ovono Obiang que apuntaba que el hijo de Obiang recibió en dos cuentas del BBVA cerca de 800.000 euros en efectivo procedentes de Guinea Ecuatorial y que ese montante llegó en billetes de 200 euros entre 2021 y 2022.
“PERTINENTE Y ÚTIL”
La Sala, que sostiene que las explicaciones sobre el origen del dinero por parte de Ovono Obiang no fueron “satisfactorias”, asevera que la investigación de la policía judicial al respecto es “pertinente y útil” para saber si ese dinero más allá de que pudieran dar lugar a un delito de blanqueo de capitales ha sido utilizado para favorecer la comisión de los hechos que se están investigando.
Recuerda que parte de esa cantidad “se ha destinado a la empresa Dereck Edita y hermanos SL, (…) investigada en este procedimiento”, y que el investigado titular del dinero es el secretario de Estado encargado de la Seguridad Exterior en Guinea Ecuatorial.
“Es decir, funcionario que trabaja para el Gobierno de Teodoro Obiang, e hijo del mismo igualmente; gobierno frente al que se oponen los miembros de MGLE3R, reconocida como la oposición al gobierno de Guinea Ecuatorial y su régimen dictatorial, algunos de cuyos miembros son las victimas en este procedimiento, y a cuya merced parece ser se encuentran”, argumenta.
LA QUERELLA DEL MLGE3R
Fue en octubre de 2022 cuando se admitió en la AN la querella presentada por el MLGE3R contra los tres encausados –Carmelo Ovono Obiang; el ministro de Seguridad Nacional del país africano Nicolás Obama Nchama; y el director general de la Seguridad Presidencial Issac Nguema Ondo– por el presunto secuestro y las posteriores torturas que habrían sufrido cuatro de sus miembros: los residentes en España Martín Obiang y Bienvenido Ndong y los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –que murió en la prisión de Oveng Azem (Mongomo) presuntamente fruto de esas torturas–.
Los hechos habrían acontecido en un viaje de Madrid a Yuba, donde habrían sido capturados el 15 de noviembre de 2019 como parte de una trampa bajo la falsa invitación de un amigo para viajar a Sudán del Sur.
Según la querella, fueron “trasladados clandestinamente en un avión oficial del régimen de Guinea Ecuatorial y encerrados en un centro de detención en Oveng Asem”. “Han sido torturados y obligados a pedir perdón al líder del régimen ecuatoguineano bajo presiones frente a la TV pública de Guinea Ecuatorial”, apuntaba el escrito.
En el mismo se sostenía que Ovono Obiang y Obama Nchama habrían estado presentes tanto en el avión oficial en el que se ejecutó el secuestro como dirigiendo “algunas de las sesiones de torturas en los sótanos del centro penitenciario”. Además, explicaba que ambos “residirían en España, contarían con domicilio estable, y además, se podrían encontrar” en territorio nacional.
A los dos nacionales españoles, Efa Mangue y Obama Mefuman –ya fallecido–, se les habría imputado una presunta participación en un golpe de Estado contra el Gobierno ecuatoguineano por la que habrían sido condenados en un juicio militar a las penas de 90 años y 70 años de prisión respectivamente.
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