Las estimaciones “más optimistas” apuntan a que como máximo se denuncian el 15% de estos delitos
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)
Un proyecto que aúna a cuerpos de Policía y Guardia Civil, sociedad civil y administración busca pelear contra los “enmascarados” delitos de odio, los ataques que sufren personas por raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad. La falta de denuncias y de diagnóstico dificultan todavía más su persecución.
Las estimaciones “más optimistas” apuntan a que como máximo se denuncia un 15% de estos ataques, y en 2022 se produjeron en España 755 casos solo de los relacionados con racismo y xenofobia. Con el objetivo de aumentar la sensibilización de los cuerpos policiales, se ha puesto en marcha en València una “comunidad de práctica” o “Copra” dentro del proyecto europeo Cisdo.
En la Copra se integran policías locales, autonómica y nacional y Guardia Civil, la administración pública y entidades de la sociedad civil, que buscan sensibilizar a los agentes y la sociedad para facilitar la detección de este tipo de agravios que, según ha explicado la fiscal delegada frente a Delitos de Odio y Discriminación, Susana Gisbert, aparecen “enmascarados” por debajo de otros.
Gisbert ha explicado: “Muchas veces nos encontramos con atestados por amenazas, coacciones o lesiones, pero lo realmente imporante no es este resultado, sino que aquí hay un delito de odio”, que queda “enmascarado” bajo el otro y que es lo que ocasiona la denuncia.
Por ello, ha destacado la importancia de que sean las propias fuerzas de seguridad las que detecten los signos de este tipo de delitos desde el momento en que la víctima comunica el ataque.
INFRADENUNCIA Y FALTA DE DIAGNÓSTICO
Para Gisbert, hay dos caballos de batalla en la concienciación a la sociedad sobre este tipo de delitos: la infradenuncia y la falta de diagnóstico. La fiscal ha explicado que los estudios apuntan a que se denuncia entre un tres y un 10% de estos delitos y que solo los más optimistas elevan este porcentaje a un 15%.
La situación de vulnerabilidad está detrás de esta ausencia de denuncias. En el caso del colectivo de personas migrantes, hay víctimas que no denuncian por miedo a que al hacerlo, se le pueda perseguir por no tener papeles. En delitos de odio relacionados con la homofobia, “hay aún temor a la actuación que en otras ocasiones ha tenido el estado” ya que “hasta hace no tanto tiempo, la homosexualidad era perseguida”.
Y es que “queda mucha faena por hacer” en materia de delito de odio ya que la sociedad “todavía no conoce el problema”, por lo que Gisbert ha insistido en la necesidad de tener cuerpos formados y medios profesionales “sensibles” a esta materia.
Precisamente esto ayudaría, según la fiscal, a hacer frente al segundo problema para la detección de estos delitos: la falta de diagnóstico. “Se combate sin duda con formación y sensibilización”, ha señalado, y ha insistido en que los agentes “no se queden en la superficie”.
“Los insultos sin más están despenalizados. Pero claro, cuando un insulto no es solamente eso, sino una discriminación por razón de racismo, es un delito diferente”, ha puesto como ejemplo.
REDES SOCIALES
La extensión de las redes sociales ha dotado de otra dimensión a los delitos de odio. La consejera técnica del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, Carmen Girón, ha explicado que, por ejemplo, mientras que los casos de delito de odio por racismo y xenofobia físico han caído en 2022, sí han incrementado en redes.
Girón ha alertado de que existe un “discurso antimigratorio creciente” y ha señalado que las redes sociales han generado una “misma realidad pero con dos modalidades”. “No olvidemos que lo que acontece en el ámbito virtual muchas veces precede a lo que va a pasar en el ámbito físico”, ha señalado.
Sin embargo, según la consejera, la respuesta contraria en redes a estos comentarios “sí es efectiva” para evitar esta transferencia de agresiones del mundo virtual al físico. Para ello, ha apostado por potenciar los discursos que enfrentan este odio en internet y por “facilitar argumentarios de carácter positivo que hagan prosperar una comunidad ciberactivista que sea realmente útil en redes para revertir ese discurso”.
Por ello, ha llamado a la “acción concertada” de la sociedad, las fuerzas de seguridad y las administraciones para “prevenir y luchar contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia”.
Igualmente, ha señalado: “Con independencia del rol profesional que desempeñen las personas, todos tenemos un compromiso como ciudadanos porque formamos parte de la sociedad. Es muy importante que esa necesidad de lograr una convivencia social, pacífica y armoniosa parta de todos y cada uno de nosotros”.
Por su parte, el jefe del servicio de la Oficina Nacional de Delitos de Odio, Tomás Fernández Villazala, ha destacado que este tipo de jornadas permiten “conocer el problema, ir indagando y sacando lo que está sumergido, esa infradenuncia que existe en este ámbito”.
València es una de las seis ciudades de toda España en las que se va a poner en práctica este tipo de comunidades.
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