MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la asistencia de seguridad que Estados Unidos va a entregar a Egipto y con la que está ignorando las políticas represivas en curso del Gobierno de este país.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que su Gobierno va a proporcionar los 235 millones de dólares (unos 220 millones de euros), que podrían haber sido retenidos, en el Financiamiento Militar Extranjero del año fiscal 2022.
“Esta decisión contrasta con las decisiones del Gobierno de los dos años anteriores, cuando retuvo 130 millones de dólares en financiación militar extranjero para Egipto, citando el incumplimiento por parte del Gobierno egipcio de una amplia gama de condiciones de Derechos Humanos”, ha denunciado HRW.
Funcionarios estadounidenses han explicado a los medios que, si bien persisten las preocupaciones del país por los Derechos Humanos en Egipto, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha determinado que “es de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos renunciar a ciertas condiciones relacionadas con los Derechos Humanos”.
“La decisión de la Administración Biden de proporcionar la cantidad total de asistencia de seguridad está en desacuerdo con los ataques del gobierno egipcio a los derechos humanos”, ha dicho la subdirectora de Human Rights Watch en Washington, Nicole Widdersheim, quien ha añadido que “los funcionarios estadounidenses están creando una elección falsa entre seguridad nacional y Derechos humanos, y socavando la promesa del presidente de poner los derechos Humanos en el centro de la política exterior estadounidense”.
En marzo de 2022, el Congreso de Estados Unidos condicionó la entrega 235 millones de dólares en financiación militar extranjera para el año fiscal 2022 a que el Gobierno egipcio tomara varias medidas.
Estas medidas debían ser “sostenidas y efectivas” para fortalecer los Derechos Humanos, proteger la libertad de expresión, asociación y reunión, y exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, la legislación de asignaciones ordena al Congreso retener 85 millones de dólares (unos 79 millones de euros) adicionales si el Gobierno de Egipto no avanza en “liberar a los prisioneros políticos, brindar a los detenidos el debido proceso y prevenir la intimidación y el acoso de los ciudadanos estadounidenses”. La Administración Biden está reteniendo esos 85 millones de dólares debido a la falta de progreso en estas áreas.
Durante el año pasado, el Gobierno del país africano ha sido responsable de una serie de violaciones de derechos que incluyen detenciones arbitrarias, procesos injustos, límites al uso de la electricidad con cortes diarios de energía en todo el país, falta de rendición de cuentas por abusos militares y policiales y el rechazo a los civiles que huyen del conflicto armado en Sudán.
“El historial de Egipto en materia de Derechos Humanos sigue siendo abismal en todos los aspectos en los que el Congreso se preocupó cuando condicionó la ayuda estadounidense”, ha afirmado Widdersheim, a lo que ha agregado que “la Administración Biden debería basar su relación con El Cairo en valores coherentes y de principios de derechos humanos que prioricen los derechos del pueblo egipcio sobre su Gobierno represivo”.
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