MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo de Brasil ha condenado este jueves a 17 años de prisión al primer acusado por los ataques a las instituciones del 8 de enero de 2023, Aécio Lúcio Pereira, quien ha sido responsabilizado de cinco cargos, entre ellos golpe de Estado, asociación para delinquir y daños al patrimonio público.
Se trata de la pena máxima propuesta por el relator del caso, el juez Alexandre de Moraes, quien obtuvo el apoyo de otros ocho magistrados, si bien dos de ellos presentaron condenas entre los once y los quince años.
De Moraes ha relatado que aquella turba la emprendió de forma violenta contra el patrimonio público y las instalaciones del el Congreso, el Palacio del Planalto y “con mayor violencia” las del Tribunal Supremo. “Está muy claro el mensaje que varios de ellos dejaron”, ha dicho, recordando cómo varios de ellos exigían una intervención militar tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las urnas.
Sin embargo, los jueces André Mendonça y Kassio Nunes Marques, han entendido que los cargos solo se encuadran en aquellos relacionados con el deterioro de las instalaciones y el patrimonio público, lo que supondría una sustancial rebaja para su pena de prisión, pasando de los 17 años que pide De Moraes a los entre dos y ocho que proponen estos dos magistrados.
Zanin ha dado inicio a la sesión respaldando la propuesta de De Moraes y ha recordado que las imágenes que el propio Pereira grabó en el interior de la sede del Senado “no dejan la menor duda” de su participación en estos hechos. “El acusado no ingresó en el Congreso para dar un paseo”, ha dicho.
Sin embargo, para Mendonça la turba que irrumpió aquel día en las instituciones no tenía intención de deponer al gobierno, pues “no estaba al alcance de estas personas”. En lo que respecta a Pereira, el juez –nominado por el expresidente Jair Bolsonaro–, sostiene que no vio en él actitud “propia de un golpista”.
“No le estoy absolviendo (…) Mi propuesta de castigo llega hasta los ocho años. Estoy lejos de ser indulgente. ¿Hubo un intento de golpe de Estado propiamente dicho? Entiendo que no”, ha argumentado Mendonça.
Pereira es un antiguo trabajador de la Sabesp, una empresa de gestión de aguas y residuos propiedad del estado de Sao Paulo, que fue sorprendido en el Congreso el 8 de enero vistiendo una camiseta con el lema ‘intervención militar ya’. Él mismo publicó una serie de vídeos en sus redes sociales en los que se le ve en las mesas del Senado animando al resto de la turba a seguir por el “buen camino”.
Además de Pereira en esta primera sesión están siendo también se analizarán los casos de Thiago de Assis Mathar, Matheus Lázaro e Moacir José dos Santos, todos ellos acusados por la Fiscalía de intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho, daños, y deterioro del patrimonio protegido.
El Supremo espera que estos cuatro casos tengan una fuerte carga simbólica, por lo que se esperan penas ejemplares. La Fiscalía ha solicitado hasta 30 años de prisión para ellos, así como para otros 40 acusados, cuyos casos todavía no están listos para ser juzgados. En total han sido unas 1.400 las acusaciones.
No obstante, De Moraes autorizó el mes pasado a la Fiscalía a llegar a acuerdos de colaboración con cerca de mil investigados por aquellos hechos, la mayor parte casos relacionados con quienes acamparon en las inmediaciones del cuartel general del Ejército en Brasilia, pero sin irrumpir en la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran las sedes asaltadas del Senado, el Congreso y la Presidencia.
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