Bonell asegura que el objetivo es fomentar el aprendizaje de la lengua oficial
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 13 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Andorra ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de la lengua oficial, que entre otras medidas incluye la obligación de acreditar un nivel mínimo de catalán para poder obtener la primera renovación del permiso de residencia y trabajo.
La ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, ha remarcado en una rueda de prensa que la lengua oficial del país es “una responsabilidad de todos” y que supone, ha dicho, una herramienta valiosa para la identidad y soberanía, por lo que los poderes públicos deben garantizar su supervivencia.
Entre los cambios destacados figura la obligación de acreditar unas nociones básicas de catalán para obtener la primer renovación del permiso de residencia y trabajo.
En este punto, el Principado dispone de varias modalidades de permisos de residencia y el afectado es el que tienen la mayoría de trabajadores asalariados de origen extranjero que hay en el país.
En cambio, la medida no afecta a los residentes pasivos (aquellas personas que vienen a Andorra a residir pero sin trabajar) ni tampoco a los permisos de residencia y trabajo por cuenta propia, que son, por ejemplo, los que usan los ‘youtubers’ o los trabajadores de temporada o fronterizos.
AFECTARÁ A UNOS 3.000 RESIDENTES EN 2024
Según Bonell, el Gobierno ha estimado que unos 3.000 residentes que deben renovar su permiso de residencia en 2024 se verán afectados por la obligación.
Por otra parte, la ley también incluirá la exigencia mínima de hacer la salutación inicial en catalán en la atención al público y conocer el vocabulario básico de la profesión.
La ministra ha aclarado que los requisitos no buscan “impedir la llegada de nadie por razón de lengua”, sino fomentar el aprendizaje del catalán una vez la persona ya reside en el Principado, además de integrarlo a la sociedad a través del conocimiento de la lengua oficial del país.
ORGANISMOS
Para garantizar el uso de la lengua oficial, el proyecto de ley prevé la creación de dos organismos encargados de la política lingüística: la Junta de Coordinación sobre Lengua y Formación y el Consejo Nacional por la Lengua.
Además, el texto propone la participación del Consell General (Parlamento), el Gobierno y los comuns (ayuntamientos), con una administración técnica del departamento de Política Lingüística.
La normativa también hace alusión al uso del catalán en la administración de justicia y en la resolución alternativa de conflictos, estableciendo el uso de traductores y intérpretes para las personas que no entiendan el catalán.
Por otro lado, hace referencia al uso de la lengua de signos catalana y se da “un paso adelante” en la modernización del lenguaje administrativo y de las comunicaciones públicas.
Finalmente, el texto actualiza las sanciones por incumplimiento de la normativa lingüística “con racionalidad y objetividad”.
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