BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes su visto bueno al acuerdo entre instituciones para proteger con un marco basado en indicaciones geográficas aquellos productos artesanales o industriales que, por la singularidad de su origen y producción, deban ser protegidos como marca dentro de la Unión Europea y en los acuerdos comerciales con países terceros, siguiendo el modelo que el bloque ya aplica desde hace décadas a la agroalimentación, los vinos y los licores.
Con el apoyo de los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) con 616 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones, sólo queda que los Veintisiete aprueben también el acuerdo que los negociadores del Consejo y Eurocámara alcanzaron el pasado mayo para que las nuevas reglas entren en vigor, aunque los países tendrán un plazo de dos años para trasladar la reforma a su ordenamiento jurídico.
Al presentar la propuesta de nuevas normas, la Comisión Europea estimó que el nuevo marco dará cobertura a cerca de 800 productos, como el cristal de Murano o la porcelana de Limoges, y España sería el país más beneficiado con más de 200 artículos, por ejemplo la cuchillería de Albacete, el calzado producido en Elche, la cerámica de Manises o la piel de Ubrique.
El producto que aspire a la protección europea deberá cumplir tres criterios precisos: ser originario de un lugar o región específicos, que su calidad, reputación o características sean singulares de su origen geográfico y que al menos uno de los pasos del proceso de producción se realice en la zona geográfica definida.
En la actualidad un total de 16 Estados miembro, incluido España, cuentan con sistemas nacionales de indicación geográfica para este tipo de producciones, pero su protección no es efectiva fuera de sus fronteras porque no existe un marco armonizado a escala comunitaria.
Por ello, se plantea un procedimiento simplificado basado en dos fases, la primera de ellas a nivel nacional para aprovechar los esquemas que ya existen en muchos de los países y evitar una excesiva carga burocrática y financiera a los productores interesados.
Además, el control y aplicación de las nuevas normas estará en manos de las autoridades nacionales, quienes deberán vigilar que los productos, incluidos los vendidos ‘online’, cumplen las especificaciones para su comercialización.
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