Las ciudades reclaman cambios normativos y en la gestión de impuestos para poner fin al recorte y asfixia de las finanzas de los ayuntamientos.
Las ciudades de València, Madrid, Zaragoza, Córdoba, Cádiz, La Coruña, Santiago de Compostela y Barcelona han firmado en esta última ciudad una declaración que marca como objetivo que los ayuntamientos gestionen el 25 % del gasto público para garantizar los principios de autonomía y suficiencia financiera. Reclaman al nuevo gobierno del Estado cambios en la ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar o flexibilizar la aplicación de la regla de gasto y el destino del superávit. Además, proponen cambios en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para poder bonificar de acuerdo con la renta y grabar de manera diferenciada las viviendas de uso turístico. Por último, exigen que se establezca un mecanismo de compensación por la reducción de la recaudación que comporta la implantación de normas de rango superior, como pasa con las plusvalías.
Representantes de las ciudades de València, Madrid, Zaragoza, Córdoba, Cádiz, La Coruña, Santiago de Compostela y Barcelona se han reunido hoy en el Ayuntamiento de Barcelona donde han suscrito una Declaración sobre financiación y fiscalidad local para exigir al nuevo gobierno del Estado un sistema estable y suficiente de financiación de los ayuntamientos que permita garantizar derechos sociales básicos.
Con este encuentro, las ciudades más grandes de todo el Estado reeditan el frente común que ya se visualizó en las Jornadas Municipalistas por una Financiación Justa celebradas en febrero del 2017 y que culminaron con la Declaración de València. En ellas ya se denunció el actual modelo insostenible que limita la capacidad de acción municipal y que dificulta que los ayuntamientos puedan garantizar derechos básicos y servicios públicos esenciales a los municipios.
La Declaración firmada hoy recoge las principales demandas de los municipios, a través de cambios normativos y en la gestión actual de los impuestos, que permiten garantizar un sistema estable y suficiente de financiación local que garantice la cobertura de las necesidades de la ciudadanía en el marco de sus competencias. Por el Ayuntamiento de València, ha asistido el concejal de Hacienda, Ramón Vilar.
Las principales ciudades del Estado, en este manifiesto conjunto, reclaman revisar los efectos de la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local (LRSAL), que ha supuesto un grave retroceso en la autonomía local y en la suficiencia financiera de los municipios, así como «flexibilizar la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) en cuanto a la aplicación de la regla de gasto y el destino del superávit», tal y como ha destacado Vilar.
HACIA LA SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓNPara poder recuperar la capacidad de gobernar las respectivas Haciendas, las nueve ciudades proponen una nueva redacción de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local que suponga un avance hacia la «segunda descentralización» con el objetivo de conseguir la gestión del 25 % del gasto público, ya que los ayuntamientos son la administración más próxima a la ciudadanía.
Para que los municipios tengan la capacidad de involucrarse en la obtención y aplicación de sus recursos financieros y puedan organizar libremente su gasto, los ayuntamientos proponen:• Por la vía de la participación en impuestos estatales:- Establecer un sistema transparente de participación en los tributos del Estado que permita una planificación presupuestaria estable y no sujeta a liquidaciones del sistema que puedan afectar la estabilidad de los Entes Locales de forma imprevisible.- Desarrollar de forma efectiva el sistema de participación en los ingresos de la comunidad autónoma.• A través de los tributos locales:- Ampliación del espacio tributario local, con la posible incorporación de nuevas figuras tributarias y la dotación de un mayor ámbito de autonomía normativa en el conjunto de los tributos locales, que permita la incorporación de elementos de progresividad en el sistema tributario local.-Mantenimiento del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) como figura principal de los impuestos locales, pero con la introducción de modificaciones en el sentido de:o Aumentar la autonomía normativa en relación a la definición de tipos impositivos diferenciados para usos y categorías de inmuebles; el replanteamiento del actual sistema de exenciones y bonificaciones; y el desarrollo de la posibilidad de aplicación de recargos (por ejemplo por viviendas desocupadas) y bonificaciones basadas en la renta de los sujetos pasivos.o Revisar la calificación como uso residencial de las viviendas de uso turístico, ya que no cumplen con la función residencial y su objetivo es la realización de beneficios económicos.
Además, también se reivindica:- La aplicación de un sistema dinámico de actualización de valores catastrales.- Abordar con carácter urgente la reforma de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, adaptándola al artículo 107 del Tratado de la Unión Europea, de forma que se permita a los ayuntamientos el cobro de la totalidad de impuestos y tasas relacionados con actividades lucrativas que actúen en el mercado y para las cuales no estén exentos los operadores públicos.- Establecimiento de un mecanismo de compensación por la reducción de la recaudación que comporta la implantación de normas de rango superior, como pasa con las plusvalías.- Flexibilizar la aplicación de la LOEPSF y, en particular, eliminar la aplicación de la regla de gasto y el destino del superávit a aquellos entes locales que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y financiera, y deuda pública. Así como flexibilizar la aplicación de la regla de gasto y el destino del superávit al resto de Entes Locales. En este sentido, piden establecer el cómputo del déficit / superávit, y la evaluación de su cumplimiento, por periodos plurianuales.
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