MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha advertido de desplazamientos forzados y “graves abusos” de los Derechos Humanos en República Democrática del Congo (RDC) a causa de la pugna de empresas multinacionales por la ampliación de las minas de cobalto y cobre para baterías recargables.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha reconocido la “decisiva función” que desempeñan estos tipos de baterías de cara a la transición energética, si bien ha lamentado que la ampliación de los proyectos de extracción de los minerales necesarios “están destrozando vidas”.
“La justicia climática exige una transición justa. La descarbonización de la economía mundial no debe dar lugar a otras violaciones de Derechos Humanos”, ha aseverado Callamard, quien ha recordado que la población de RDC ya sufrió “importantes abusos” durante la etapa colonial y poscolonial.
Amnistía Internacional, junto con la organización con sede en RDC Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos (IBGDH), ha emitido el informe ‘Powering Change or Business as Usual?’, que aborda las consecuencias de la pugna de empresas multinacionales por ampliar sus actividades mineras.
El mencionado informe destaca que el aumento de la demanda de las tecnologías de energía limpia ha desembocado en la consiguiente demanda de ciertos metales –como el cobre y el cobalto– indispensables para la fabricación de la mayoría de baterías de iones de litio, necesarias en gran parte de los dispositivos eléctricos.
En este punto es donde destaca República Democrática del Congo, primer país del mundo en reservas de cobalto y el séptimo en la lista de reservas de cobre. Estas condiciones hacen del país africano objeto de codicia de las empresas multinacionales, que buscan explotar sus recursos naturales.
De acuerdo con el presidente de la IBGDH, Donat Kambola, las empresas “desalojan por la fuerza a la gente, o la amenazan o intimidan para que abandone sus viviendas, o la engañan para que dé su consentimiento a acuerdos irrisorios”, los cuales en ocasiones no admiten siquiera la presentación de quejas o la rendición de cuentas.
Candy Ofime y Jean Mobert Senga, ambos investigadores de Amnistía Internacional y coautores del mencionado informe, han detectado incluso “vulneraciones” de salvaguardias jurídicas internacionales en la legislación nacional, “así como un flagrante desprecio de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos”.
AMPLIACIÓN DE UNA MINA EN PLENA CIUDAD
A la hora de elaborar el informe, Amnistía Internacional y la IBGDH se han entrevistado con más de 130 personas en seis proyectos mineros diferentes en la localidad de Kolwezi, ubicada en la provincia meridional de Lualaba, y donde la ampliación de una mina en plena ciudad ha desembocado en la demolición de viviendas.
En el barrio afectado residen cerca de 39.000 personas en viviendas de varias habitaciones, con agua corriente y electricidad. En la zona también hay escuelas y hospitales. Con la ampliación del proyecto minero muchos han tenido que abandonar sus hogares, en ocasiones incluso sin notificación previa.
Es el caso de Edmond Musans, un hombre de 62 años que relata como un día la empresa minera y el Gobierno les obligaron a abandonar su vivienda. “Nosotros no pedimos mudarnos (…) Llegaron y nos dijeron: ‘Aquí hay minerales'”, ha relatado a Amnistía Internacional y la IBGDH para el informe.
Otros afectados han denunciado que las indemnizaciones ofrecidas por las empresas responsables del proyecto no eran suficientes para comprar otra vivienda equivalente. Muchas familias han tenido que mudarse a hogares sin agua corriente ni energía fiable, disminuyendo notoriamente su nivel de vida.
“Yo tenía una casa grande, con electricidad, agua (…) Ahora tengo una casa pequeña que es todo lo que pude costearme con la indemnización (…) Tenemos que beber agua de pozos (…) Casi no hay electricidad”, ha manifestado otro afectado por el proyecto.
Este polémico proyecto está gestionado por la Compagnie Minière de Musonoie Global SAS (COMMUS), una empresa conjunta integrada por la compañía china Zijin Mining Group Ltd. y la minera estatal de República Democrática del Congo, Générale des Carrières et des Mines SA (Gécamines).
Musans se ha involucrado en la creación de un comité encargado de representar a más de 200 familias en riesgo de desalojo y tratar así de obtener indemnizaciones mayores por parte de COMMUS. El comité ha enviado en vano sus quejas al gobierno provincial, a lo que COMMUS ha prometido intentar mejorar la comunicación entre las partes.
LESIONES Y ABUSOS SEXUALES
Por otro lado, otros tantos afectados han recordado cómo miembros de la Guardia Republicana, una fuerza militar de élite de República Democrática del Congo, llegaron un día a la localidad y comenzaron a incendiar las casas y golpear a los residentes que intentaban evitarlo.
Por otro lado, Near Kolwezi, filial de Eurasian Resources Group (ERG), que tiene su sede en Luxemburgo y cuyo principal accionista es el Gobierno de Kazajistán, gestiona el proyecto Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR), a la que otros afectados acusan de arrasar sus cosechas.
De hecho, una mujer identificada como Kabibi –un nombre falso para proteger su identidad– ha explicado en el informe de AI y la IBGDH que una vez, cuando intentaba recoger su cosecha antes de que fuera destruida, aparecieron tres soldados que la capturaron y la violaron en grupo.
Kabibi, por aquel entonces embarazada de dos meses, requirió de tratamiento médico. Aunque sí se atrevió a informar de lo ocurrido a su familia, “tuvo demasiado miedo para denunciarlo a Metalkol o a las autoridades locales”, según relata Amnistía Internacional.
“Soy viuda, no puedo costear la inscripción de mis hijos en la escuela (…) Hasta la fecha, no tengo empleo ni otras fuentes de ingresos. Voy de aquí para allá, de casa en casa, para encontrar algo de comer para mis niños”, ha declarado Kabibi a los investigadores.
Los agricultores de la zona exigido una indemnización, pero no se les ha ofrecido un recurso efectivo. En respuesta, ERG afirma no tener ningún control sobre el despliegue militar en la zona y dice que la población de la zona ya fue indemnizada en el pasado por otra empresa, algo que los residentes niegan.
CESE INMEDIATO DE LOS DESALOJOS
Así las cosas, el informe de Amnistía Internacional y la IBGDH insta a las autoridades de República Democrática del Congo a poner fin “de forma inmediata” a los desalojos forzosos, promover comisiones de investigación “imparcial” y reforzar y hacer cumplir la legislación nacionales de acuerdo con las normas internaciones.
El informe no solo señala a las empresas, “que cuando afirman que se rigen por elevados principios éticos se trata de meras palabras”, sino que acusa a las autoridades nacionales de haber “llevado a cabo o facilitado” desalojos forzosos con la colaboración de las Fuerzas Armadas, algo que no se debe permitir “en ningún caso”.
“Las empresas tienen la responsabilidad de investigar los abusos identificados, proporcionar reparación efectiva y tomar medidas para impedir que nuevos daños. Todas las empresas deben garantizar que sus actividades no perjudican a las comunidades que están en primera línea”, reza el informe en sus conclusiones.
“Las empresas mineras internacionales implicadas tienen abundantes recursos económicos y pueden costear fácilmente la introducción de los cambios necesarios para salvaguardar los Derechos Humanos (…) y proporcionar reparación por los abusos sufridos”, ha manifestado Kambola.
Por su parte, Callamard ha instado a las autoridades de República Democrática del Congo a “desempeñar un papel decisivo” en el abandono de los combustibles fósiles, pero sin que la extracción de minerales se lleve por delante los derechos de comunidades enteras.
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