Uno de los responsables de la empresa asegura que Lanzas ofrecía el ERE como un “paquete” completo que incluía la financiación pública
SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
Durante la sesión de este lunes del juicio que celebra la Audiencia de Sevilla por la pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, correspondiente a las ayudas por unos 2,3 millones de euros concedidas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica; un “intruso” en las prejubilaciones de dicha entidad concuñado del exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas ha manifestado que este último “jamás” le ayudó a conseguir la ayuda sociolaboral que cobró y que ni conocía a la empresa Surcolor ni sabía siquiera “qué es un ERE”.
El acusado José Antonio Márquez Sánchez ha sido el primero de los inculpados de este procedimiento en prestar declaración ante el tribunal, figurando además en este juicio otro “intruso” prejubilado en el ERE de Surcolor que no pertenecía a la plantilla, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, el presunto ‘testaferro’ Juan Francisco Algarín, los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, un abogado, los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León y finalmente un representante sindical.
Según la Fiscalía, a principios de 2006, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con un letrado “para iniciar la tramitación” de un ERE y con el exsindicalista de UGT Juan Lanzas “como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas”.
Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Juan Lanzas contactó con Rivas y con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, –condenado en la sentencia principal sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE, acusado además en esta causa pero fallecido en octubre de 2020–, facilitando a este último datos de “los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción”; tras lo cual la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.
A partir de ahí, según el Ministerio Público, Rivas, “con el conocimiento y consentimiento” de Guerrero, “instó” a los extrabajadores de Vitalia procesados a introducir como beneficiarias a dos personas que “no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas”, tras lo que el 28 de junio de 2006, Guerrero, “con el conocimiento y consentimiento” de Antonio Fernández y de Barberá, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 extrabajadores de Surcolor.
“UNA AYUDA DIRECTA SIN EXIGENCIA DE JUSTIFICACIÓN”
Para el Ministerio público, los encausados “conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna”.
En ese marco, el acusado José Antonio Márquez ha expuesto que allá por 2006 “llevaba dos años en paro y estaba desesperado” por la falta de ingresos, tras lo cual tras consultar con uno de sus cuñados, este le habría manifestado que otro miembro de la familia, a su vez concuñado de este acusado, conocía unas “ayudas” que concedía la Junta de Andalucía. “Me dijeron que era como el paro, como una subvención para mantenerse”, ha asegurado.
En ese marco, ha explicado que acudió a una sede institucional de la Junta de Andalucía “en el Cerro del Águila”, presumiblemente la sede central de la Consejería de Empleo, localizada en la avenida de Hytasa, junto con José Antonio García Prieto, –exconcejal de Camas y exsecretario de Política Municipal del PSOE en ese municipio, ya fallecido–; y Juan Manuel López Espada, militante del PSOE y casado con una edil socialista del Ayuntamiento de Camas en aquella época y a quien entonces “no conocía”.
Habría sido Juan Manuel López Espada, según ha dicho, quien habría realizado las gestiones de su caso dentro de la sede de la Consejería de Empleo, porque él y García Prieto, según ha asegurado, se quedaron “en el coche” esperando. Juan Manuel López Espada, según ha insistido, fue quien se hizo cargo de trabar con la Consejería para conseguir su “subvención”, desgranando que para ello él aportó la documentación correspondiente a su vida laboral, una fotocopia de su DNI y una carta donde relataba sus “circunstancias”.
SIN CONOCER A GUERRERO NI PONER A RIVAS EN NINGÚN “COMPROMISO”
Este acusado ha narrado cómo acudió algunas veces más a la sede de la Consejería de Empleo, asegurando que no conoció nunca al también fallecido Francisco Javier Guerrero y que su concuñado Antonio Rivas, entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo, “jamás” le ha ayudado en cuestión de trabajo o dinero, porque pese a su relación familiar se veían “poco”, a él no le “gusta la política” y nunca habría puesto a Rivas “en un compromiso de ninguna clase”.
Así, este hombre incluido en las prejubilaciones del ERE de Surcolor financiadas por la Junta pese a que jamás había trabajado en esa empresa ha asegurado que a él nadie le “explicó” el mecanismo a través del cual cobró un primer ingreso de 6.380 euros de una tacada en concepto de “atrasos” y después 1.276 euros al mes. “Me pusieron el papel” para que firmase, se ha encogido de hombros, manifestando que ni conocía a la empresa Surcolor ni sabe si quiere “qué es un ERE”.
El responsable de Surcolor Antonio Manuel Bustamante León, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras el también directivo de la entidad Manuel Rafael Castilla Bustamante sólo ha accedido a responder preguntas del fiscal y de su abogado defensor, exponiendo que fue el también acusado Juan Lanzas, exsindicalista de UGT, quien le “explicó” el mecanismo de los ERE, en alusión a que la Junta de Andalucía disponía de “unas ayudas para empresas en crisis”.
Lanzas, según este acusado, “se presentó como un miembro del despacho de abogados Villasís, diciendo que tenía experiencia en la gestión” de ERE en Andalucía y ofrecía el procedimiento “como un paquete” completo, es decir incluyendo la financiación de la Junta de Andalucía.
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