MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha constatado un “estancamiento” o incluso un “retroceso” tras la pandemia en los servicios sociales dirigidos a las personas mayores, como plazas en residencias, centros de día, ayuda a domicilio o teleasistencia.
Según el Índice DEC 2022, presentado este viernes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la cobertura de las plazas residenciales de financiación pública crece un 0,06% entre 2019, antes de la pandemia de la COVID-19, y 2021, pasando de un 2,63% a un 2,69%; mientras que la cobertura en los centros de día cae de un 1,08% en 2019 a un 1,05% en 2021, un 0,03% menos.
Por su parte, la cobertura de la ayuda a domicilio se mantiene en torno a un 5% desde 2018 y su intensidad, aunque se incrementa, sigue estando por debajo de las 20 horas mensuales; y la cobertura de la teleasistencia ha bajado de un 10,2% en 2019 a un 9,9% en 2021, según el informe.
Así, los autores del estudio señalan que aunque se produce una “mejora” en la ordenación del sector, “el escaso incremento presupuestario limita la oferta de servicios y prestaciones” a los ciudadanos.
“Si tuviera que hacer un titular diría que los servicios sociales, después de estos 10 años, han conseguido tener un sistema de protección social de derechos de papel”, ha valorado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, este viernes, en rueda de prensa.
Según ha precisado, “se ha avanzado mucho en normativa” y en “la imagen de los servicios sociales” pero “la cobertura sigue siendo la misma” que hace una década. “Es terrible”, ha lamentado Ramírez.
Los autores del informe también han denunciado que “muchas” comunidades autónomas han “desmantelado” sus rentas mínimas de inserción (RMI), con la llegada del Ingreso Mínimo Vital, y han dedicado los aproximadamente “1.500 millones de euros” de las mismas a otra finalidad.
Según el informe, en 2020 había en España 794.567 personas que percibían las RMI, el 9% de las personas bajo el umbral de la pobreza; y en 2021 eran 644.136, el 7,7%, 150.431 personas menos (un 19% menos). Un total de 13 comunidades han reducido los perceptores de sus RMI y cuatro los han aumentado.
El estudio también revela que se “ralentiza” el gasto que las administraciones dedican a servicios sociales, con un incremento en 2021 de un 3,5% respeto al año anterior (15,8 euros más). El porcentaje del PIB que supone el gasto en servicios sociales públicos fue del 1,8% en 2021, seis centésimas menos, que hubieran supuesto, según la Asociación, “casi 1.000 millones de euros más”, de haberse mantenido el porcentaje del año anterior.
Además, aunque en 2021 la participación de las CCAA en la financiación del sistema aumentó más de dos puntos, la tendencia desde 2012 es decreciente: ese año suponía un 85,3%, y en 2022 un 71,8%, 14,5 puntos menos. Este retroceso se produce incluso teniendo en cuenta el incremento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia, lo que sugiere, según los directores de servicios sociales, que “algunas (once, según el Observatorio de la Dependencia), han utilizado ese incremento de financiación estatal para reducir sus propias aportaciones”.
NAVARRA Y CASTILLA Y LEÓN, LAS MEJOR VALORADAS
Por CCAA, el estudio refleja que doce comunidades autónomas mejoran la puntuación de sus servicios sociales en el Índice DEC, siendo Navarra y Castilla y León las mejor valoradas. Por su parte, empeoran Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cantabria y Cataluña.
El estudio advierte de “grandes diferencias” entre territorios. Sin considerar las comunidades con régimen foral, como el País Vasco, con 1.007 euros de gasto por habitante en servicios sociales, se encuentran diferencias como la que se da entre Extremadura, con 561 euros, y Murcia, con 340 euros, un 65% menos.
En cuanto al porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas destinan a Servicios Sociales, el País Vasco destina un 3,1% y Canarias un 2,6%, porcentajes que triplican a los de la Comunidad de Madrid, con un 1%.
Estas diferencias de gasto, según avisa la asociación, se manifiestan en la cobertura de prestaciones y servicios. Así, por ejemplo, el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (3.241) es casi cinco veces superior al de Navarra (689). Por otro lado, el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores es 4,4 veces superior en Castilla y León (5,9%) que en Valencia (1,1%).
Además, la Comunidad de Madrid, con un 8,96%, ofrece una cobertura 17 veces mayor de Ayuda a Domicilio que Extremadura (0,5%); y, mientras La Rioja ha incrementado un 56% los perceptores de sus RMI tras la implantación del IMV, Murcia los ha reducido un 62%. El aspecto donde se ha logrado igualar a todas las CCAA es que desde 2022 todas ellas cuentan con una Ley de Servicios Sociales de nueva generación, tras la aprobación de la ley de la Comunidad de Madrid.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha premiado a Navarra y Castilla y León como las comunidades con mejor calificación de sus servicios sociales en los últimos diez años.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, encargada de recoger el premio, ha puesto en valor a los profesionales del sector y, entre otros indicadores, ha destacado que la comunidad ha “incrementado el número de plazas destinadas a mujeres víctimas de violencia de género”.
También ha mostrado su agradecimiento por el galardón la consejera de Derechos Sociales de Navarra, Mª Carmen Maeztu, que ha apostado por “no dejar a nadie atrás” y ha añadido que siempre quedan cosas que mejorar.
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