La asociación de gerentes aprecia mejoras en dependencia pero alerta de que las islas están a la cola en número de trabajadores
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 (EUROPA PRESS)
Canarias ha aprobado por primera vez en la última década el ‘Índice DEC 2022’ que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con una nota de 5,09 puntos que sitúa a las islas como la décima comunidad autónoma.
Desde la asociación se resalta al archipiélago como el caso más destacado de recuperación de su sistema de servicios sociales ya que hasta hace poco venía ocupando de manera sistemática la última plaza en cuanto a su desarrollo y con una calificación de “irrelevante”.
Así, se ve como un “paso importante” la aprobación del catálogo de servicios sociales y a integración de todas las entidades locales en el sistema de dependencia –en 2017–, y ahora solo queda pendiente una “planificación estratégica” para poner en orden toda la estructura de los servicios sociales.
El informe también ve “muy relevante” la aportación económica al sistema, con todos los indicadores por encima de la media estatal, con 513,6 euros de inversión por habitante frente a los 462,7 euros de media estatal, más un incremento global de presupuesto de las tres administraciones públicas de un 8,2% en 2021.
Además, a pesar del descenso registrado en 2021 respecto a 2020, el porcentaje del PIB que representa el gasto en servicios sociales –2,62%– sigue por encima de la media estatal, que es de 1,82%, y el porcentaje del presupuesto total de las administraciones públicas de Canarias que se destina a servicios sociales se ha incrementado en 2021 dos puntos respecto al año anterior hasta el 11,7%, siendo la media estatal de 9,3%.
Las islas también se colocan por encima de la media estatal en servicios para personas con discapacidad, ayuda a domicilio, acogimientos a menores y plazas para víctimas de violencia de género.
No obstante, como aspectos a mejorar el informe detalla que Canarias está a la cola en la red de atención con un profesional por cada 3.241 habitantes, mientras que la media estatal es un profesional por cada 1.651 habitantes; en atención a la dependencia, donde pasa de 16 puntos a 29 en 2022 pero sigue lejos de los 51 de media estatal y en plazas residenciales para personas mayores, con una tasa del 1,80% frente al 2,69% de la media estatal.
En cuanto a las rentas de inserción solo las percibe el 4,2% de la población que está bajo el umbral de la pobreza –la media estatal es del 7,7%–, aunque se ha incrementado un 19% desde 2021.
Los gerentes advierten también de los “desequilibrios” que presentan los servicios sociales en Canarias, lastrados por su “ineficiencia”, derivada en parte por su realidad insular y aunque ha aumentado la contribución económica al sistema aún no se corresponde con la oferta de prestaciones y servicios y hay muchos ‘derechos de papel’.
Así, tildan de “urgente” acometer una ordenación territorial en la que los cabildos, los grandes municipios y el Gobierno canario alcancen un “pacto global” hacia un modelo vertebrado de servicios sociales que va mucho más allá de la mera delegación decompetencias.
“SOLAPAMIENTOS E INEFICIENCIAS”
“Los solapamientos y las ineficiencias actuales siguen siendo un lastre que tiene importantes consecuencias para la población de Canarias al mermar sensiblemente la cobertura”, señalan.
A nivel nacional, la asociación ha constatado un “estancamiento” o incluso un “retroceso” tras la pandemia en los servicios sociales dirigidos a las personas mayores, como plazas en residencias, centros de día, ayuda a domicilio o teleasistencia.
Según el Índice DEC 2022, la cobertura de las plazas residenciales de financiación pública crece un 0,06% entre 2019, antes de la pandemia de la COVID-19, y 2021, pasando de un 2,63% a un 2,69%; mientras que la cobertura en los centros de día cae de un 1,08% en 2019 a un 1,05% en 2021, un 0,03% menos.
Por su parte, la cobertura de la ayuda a domicilio se mantiene en torno a un 5% desde 2018 y su intensidad, aunque se incrementa, sigue estando por debajo de las 20 horas mensuales; y la cobertura de la teleasistencia ha bajado de un 10,2% en 2019 a un 9,9% en 2021, según el informe.
Así, los autores del estudio señalan que aunque se produce una “mejora” en la ordenación del sector, “el escaso incremento presupuestario limita la oferta de servicios y prestaciones” a los ciudadanos.
“Si tuviera que hacer un titular diría que los servicios sociales, después de estos 10 años, han conseguido tener un sistema de protección social de derechos de papel”, ha valorado el presidente de la a, José Manuel Ramírez, este viernes, en rueda de prensa.
Según ha precisado, “se ha avanzado mucho en normativa” y en “la imagen de los servicios sociales” pero “la cobertura sigue siendo la misma” que hace una década. “Es terrible”, ha lamentado Ramírez.
Los autores del informe también han denunciado que “muchas” comunidades autónomas han “desmantelado” sus rentas mínimas de inserción (RMI), con la llegada del Ingreso Mínimo Vital, y han dedicado los aproximadamente “1.500 millones de euros” de las mismas a otra finalidad.
Según el informe, en 2020 había en España 794.567 personas que percibían las RMI, el 9% de las personas bajo el umbral de la pobreza; y en 2021 eran 644.136, el 7,7%, 150.431 personas menos (un 19% menos). Un total de 13 comunidades han reducido los perceptores de sus RMI y cuatro los han aumentado.
El estudio también revela que se “ralentiza” el gasto que las administraciones dedican a servicios sociales, con un incremento en 2021 de un 3,5% respeto al año anterior (15,8 euros más). El porcentaje del PIB que supone el gasto en servicios sociales públicos fue del 1,8% en 2021, seis centésimas menos, que hubieran supuesto, según la Asociación, “casi 1.000 millones de euros más”, de haberse mantenido el porcentaje del año anterior.
Además, aunque en 2021 la participación de las CCAA en la financiación del sistema aumentó más de dos puntos, la tendencia desde 2012 es decreciente: ese año suponía un 85,3%, y en 2022 un 71,8%, 14,5 puntos menos.
Este retroceso se produce incluso teniendo en cuenta el incremento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia, lo que sugiere, según los directores de servicios sociales, que “algunas (once, según el Observatorio de la Dependencia), han utilizado ese incremento de financiación estatal para reducir sus propias aportaciones”.
NAVARRA Y CASTILLA Y LEÓN, LAS MEJOR VALORADAS
Por CCAA, el estudio refleja que doce comunidades autónomas mejoran la puntuación de sus servicios sociales en el Índice DEC, siendo Navarra y Castilla y León las mejor valoradas. Por su parte, empeoran Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cantabria y Cataluña.
El estudio advierte de “grandes diferencias” entre territorios. Sin considerar las comunidades con régimen foral, como el País Vasco, con 1.007 euros de gasto por habitante en servicios sociales, se encuentran diferencias como la que se da entre Extremadura, con 561 euros, y Murcia, con 340 euros, un 65% menos.
En cuanto al porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas destinan a Servicios Sociales, el País Vasco destina un 3,1% y Canarias un 2,6%, porcentajes que triplican a los de la Comunidad de Madrid, con un 1%.
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