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La FGE defiende su interpretación de la ley ‘sólo sí es sí’ y afirma que se ajusta a la decisión de los tribunales

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Dice que “el discurso negacionista” de la violencia de género “influye directamente en la protección de las mujeres”

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este jueves el criterio del Ministerio Público a la hora de interpretar la ley del ‘sólo sí es sí’ –una “tesis rigurosa e impecable”– por medio del decreto que firmó en noviembre de 2022 porque, a su juicio, permitió establecer criterios uniformes de actuación respecto a las revisiones de sentencias firmes. No obstante, ha añadido que los tribunales son quienes debían “tomar decisiones” ante las que el fiscal se aquieta “con el mayor de los respetos”.

“Los criterios establecidos, primero en el decreto y después en la Circular 1/2023, de 29 de marzo, fueron avalados y asumidos por la Junta de Fiscales de Sala. Aplicados en todo el territorio, son el reflejo preciso de la necesidad, en garantía de la seguridad jurídica y de la igualdad, de que el mismo criterio jurídico sea defendido ante todos los tribunales e instancias de España”, ha sostenido en su discurso en el acto de apertura del año judicial.

Para García Ortiz este caso es paradigmático porque condensa “la naturaleza del principio de unidad, de la jerarquía y de la plasmación de la voluntad colectiva de una institución”. “Nosotros ofrecemos a los tribunales una tesis jurídica rigurosa e impecable, coherente y aplicable a todas las causas y en todos los supuestos”, ha añadido, para luego apuntar que luego los tribunales deben tomar decisiones ante las que el fiscal se aquieta “con el mayor de los respetos”. “Así funciona nuestro sistema. Así funcionan las instituciones, las instituciones en democracia”, ha sentenciado.

El fiscal general ha apuntado además que esa ley de garantía integral de la libertad sexual, que modificó el Código Penal y que derivó en revisiones a la baja de condenas por delitos de agresión sexual, “ha supuesto un trascendente cambio de la regulación de los delitos contra la libertad sexual” y ha añadido que llegó con una “ausencia de disposiciones transitorias expresas” que motivó “distintos planteamientos e interpretaciones sobre la aplicación retroactiva de la norma por su carácter más favorable”.

Al hilo, ha insistido en que la fijación de criterio de la FGE permitió que la revisión de las sentencias fuera de igual aplicación en cualquier punto de la geografía española, y a la vez se pudiera sostener “en todas las instancias de nuestra jurisdicción, desde los Juzgados de lo Penal hasta el Tribunal Supremo”.

Tras esto, ha reflexionado sobre la necesidad de que las instituciones, “la fortaleza del sistema democrático que se construye a través del pleno ejercicio de las libertades”, no sean ajenas a la evolución de la sociedad. Y ha apuntado que el sistema actual “es capaz de soportar las más fuertes tensiones” si los representantes de las instituciones son “capaces de cuidarlas y preservarlas”.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y MUJERES EXTRANJERAS

El fiscal general también ha dedicado parte de su discurso a la lucha contra la violencia de género y ha señalado que la Unidad de Violencia sobre la Mujer alerta de la sobreexposición de las mujeres extranjeras a este tipo de violencia y su mayor vulnerabilidad como víctimas. “Entre las causas apuntadas se encuentran la carencia de redes sociales de apoyo, las barreras idiomáticas, el desconocimiento de nuestra legislación y, en especial, la dependencia económica del agresor”, ha explicado.

Al hilo, ha apuntado que de las 50 víctimas de feminicidio de 2022, 14 eran extranjeras. “El 34,34% de las denuncias por actos de violencia de género tuvieron por víctimas a mujeres extranjeras y a ellas afectó el 33,27% de las solicitudes de órdenes de protección”, ha añadido.

Por eso, ha considerado indispensable “implementar las medidas de apoyo y protección a las víctimas recogidas en las leyes y, en especial, los servicios de asistencia y acompañamiento”.

En este sentido, ha recalcado que en materia de violencia contra la mujer los datos “son incontestables”, ha puesto de relieve que desde 2009 y hasta 2022 se han interpuesto más de dos millones de denuncias, y ha advertido de que “el discurso negacionista influye directamente en la protección de las mujeres”. Con todo, ha apuntado que España es un referente en la lucha contra la violencia de género.

“Como sociedad, hemos de reivindicar la lucha de las mujeres y los logros del feminismo como motor de transformación social, evidenciando y combatiendo patrones de conducta incompatibles con los valores democráticos”, ha añadido, para luego subrayar que las mujeres “deben ocupar, definitivamente, todos los espacios sociales, públicos y privados, en condiciones de igualdad, libertad, seguridad y dignidad”.

Así, se ha detenido en el principio de igualdad para destacar que es “la clave de bóveda” del sistema constitucional de derechos y libertades. Y ha explicado que en la Memoria de la Fiscalía también se alerta del auge de los delitos motivados por la LGTBIfobia, “que ocupan el primer lugar en las condenas dictadas por delitos de odio y discriminación, seguidos por el racismo y la xenofobia”.

En este sentido, ha destacado que es “preocupante” que los más jóvenes reproduzcan las conductas de los adultos, replicando sus prejuicios. “Es necesario desactivarlos mediante políticas educativas que refuercen el valor de una sociedad plural y diversa como la española”, ha sentenciado.


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