SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
El diputado del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Víctor Torres ha tachado de “nefasta y bochornosa” la gestión por parte de la Junta de Andalucía del Bono de Alquiler Joven, toda vez que ha pedido “responsabilidades” al Gobierno andaluz.
Torres Caballero ha criticado durante una pregunta en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda formulada por el Grupo Socialista que “los últimos datos conocidos son del 5 de junio, donde apenas había 3.000 expediente favorables, y no hay conocimiento de más cifras”.
Por su parte, la consejera del ramo, Rocío Díaz, ha detallado Andalucía cuenta con un total de 3.855 propuestas definitivas favorables. “Así, se han dictado ya 2.881 resoluciones definitivas favorables y hay, además 974 expedientes en fase de propuestas favorables”.
A estas cifras, la titular de Fomento ha añadido los expedientes pendientes de fiscalización, “que ascienden a 264”, así como los fiscalizados favorablemente y pendientes de dictar resolución, “que son 3.272”. “Con estas cifras el incremento de propuestas provisionales favorables desde el pasado 5 de julio ha sido de 4.365 expedientes. Culminando esa fiscalización, suman 7.391, esto es, más del 60% de la convocatoria”.
Ante estos datos, el socialista ha pedido “responsabilidades” ante una gestión “que huele mal”, advirtiendo que “no vale con pedir disculpas por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno”. “Tienen una tramitación que no llega prácticamente más que al 50% de los posibles beneficiarios y tienen ingresados casi 70 millones de euros desde mayo”, ha aseverado, lamentando que “los jóvenes han tenido que hacer frente al alquiler pensando que iban a tener una ayuda, y más de la mitad no saben cuál va a ser la cuantía”.
Así, Torres ha advertido que la Junta “corre el riesgo de tener que devolver la mitad de la financiación del Bono del Alquiler Joven, porque no hay más que 17.000 solicitudes y, siguiendo la tendencia de elevar el 50% a resolución favorable, solo habrá aproximadamente 8.500 beneficiarios, cuando hay dinero para casi 14.000”.
A este respecto, la consejera ha recalcado que los problemas en la tramitación de estas ayudas “no son exclusivas de la comunidad autónoma andaluza”. “Su origen está en la soberbia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no escucha a las comunidades que advertían que no estaba bien planificado y dejándolas solas en la tramitación de un tema complejo”.
“En Andalucía, a diferencia de otras comunidades, se ha optado por la revisión inicial de la documentación previa a la resolución, lo que alarga inicialmente los plazos pero supone una mayor garantía para los solicitantes y una mayor ejecución final de los créditos disponibles”, ha explicado, apuntando que “así evitamos que se produzca a futuro un determinado número de reintegros derivados de los controles financieros que se hagan con posterioridad a los pagos, reduciendo las situaciones en las que los interesados tengan que devolver cantidades, es seguridad jurídica”.
Además, la consejera ha añadido que en los meses de julio y agosto “automatizar tareas, fases y documentos del procedimiento que antes se hacían, y ya lo hemos hablado en varias ocasiones, de forma manual por parte de los empleados públicos, lo que va a hacer que agilicemos muchos pagos”, toda vez que ha agradecido el “gran esfuerzo” de la delegaciones territoriales.
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