MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
Amnistía Internacional pidió este lunes a las autoridades sirias que garanticen el derecho a la vivienda de los residentes de Alepo (Siria) en medio de la preocupación por las demoliciones “ilegales” de edificios considerados inseguros como consecuencia de los terremotos del 6 de febrero de este año y advirtió sobre los obstáculos burocráticos que afrontan quienes tratan de reparar sus viviendas dañadas.
Las autoridades sirias “deben centrar sus esfuerzos en respetar el derecho de las personas a una vivienda adecuada”, reclamó en un comunicado de prensa Amnistía Internacional. Y denunció la demolición de edificios de viviendas “sin una explicación apropiada o el debido proceso” considerándolo “una violación del derecho y las normas internacionales de los derechos humanos”.
Antes de llevar a cabo un derribo, las autoridades “tienen la obligación de consultar con las personas residentes, avisar con una antelación razonable y proporcionar una indemnización económica o un alojamiento alternativo para garantizar que nadie se queda sin hogar”.
El 20 de febrero de 2023, el gobernador de Alepo declaró que los terremotos habían afectado a 13.000 familias. Añadió que se habían inspeccionado 11.551 edificios, tras lo cual se demolieron 220 alegando razones de seguridad pública, y 303 estaban pendientes de demolición.
Sin embargo, residentes y personal de ayuda humanitaria informaron a Amnistía Internacional de que puede que estas evaluaciones no se lleven a cabo “con rigor” y que las demoliciones se estaban haciendo “sin atenerse a los requisitos del debido proceso y a las salvaguardias contra los desalojos forzosos de las normas internacionales de derechos humanos”.
Personal de ayuda humanitaria, así como tres residentes, dijeron a Amnistía Internacional que muchos de estos comités sólo se hacen evaluaciones visuales que “carecen del detalle preciso necesario para determinar la seguridad de un edificio” y podrían dar pie a demoliciones injustificadas. Añadieron que las personas afectadas no pueden recurrir contra las decisiones de los comités y que a menudo no se les da tiempo suficiente para sacar sus pertenencias.
Las personas residentes dijeron a Amnistía Internacional que, en muchos casos, a las personas cuyas casas fueron demolidas por haber sido consideradas inseguras para vivir y “no se les ofrece un alojamiento alternativo ni una indemnización”.
Esto “es especialmente preocupante” porque, en abril, la ONU informó de que el gobierno estaba cerrando la mayoría de los refugios temporales que se usaban para facilitar alojamiento de emergencia a quienes habían perdido su hogar en los terremotos, concluyó la ONG.
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