VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha reclamado este viernes al Estado la eliminación de la tasa de reposición de efectivos para reducir la temporalidad y ha lamentado que esta petición, secundada por otras comunidades autónomas, no haya tenido una acogida favorable hasta ahora por el Gobierno de España.
En su comparecencia en la Comisión de la Presidencia para detallar su programa de legislatura, González Gago ha confirmado que la Junta de Castilla y León aprobará antes de finalizar el año la Oferta de Empleo Público correspondiente al presente ejercicio 2023 para consolidar “un empleo público de calidad y estable y contribuir al objetivo marcado por la Unión Europea de reducción de la temporalidad hasta el 8 por ciento a 31 de diciembre de 2024.
“No debemos obviar que es necesario el relevo generacional y laatracción del talento en el acceso al empleo público autonómico, en concreto en los grupos y subgrupos superiores de empleados públicos”, ha reconocido el consejero que ha cifrado la edad media de los empleados públicos en más de 52 años que derivará en un “elevado número de jubilaciones” en los próximos ejercicios que hace necesario el relevo de esas personas.
En este sentido, ha abogado por promover un convenio con las universidades públicas para promocionar el acceso al empleo público, para incentivar y atraer el talento de los nuevos graduados universitarios “y, con ello, mejorar paulatinamente la solución al problema del relevo generacional en la función pública”.
También ha considerado necesario contar con un régimen jurídicoactualizado en materia de función pública que se adapte a las necesidades que el servicio público impone en la actualidad “para tener una Administración moderna y más eficiente, y que ayude a una mejor gestión del empleo público”.
En el ámbito de la función pública, ha anunciado también la elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos en elseno de la Administración Autonómica en el que se hará un diagnóstico previo de la situación actual para abordar las decisiones estratégicas y lograr así “una gestión más eficiente y ágil” de los recursos humanos y afrontar el reto del relevo generacional y la incorporación de nuevosefectivos.
A esto ha añadido la necesidad de perfeccionar las herramientas de gestión, en consonancia con los avances de las nuevas tecnologías y las nuevas tareas a desempeñar por los empleados públicos, y dar respuesta a las nuevas demandas de los ciudadanos como destinatarios de losservicios públicos.
Por otro lado, se ha comprometo a culminar los procesos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2024 –se tramitarán 127 procesos selectivos por concurso, y 57 se desarrollarán por el sistema de concurso-oposición– y a incrementar la indemnización por kilometraje para igualarla a la del Estado.
“Este Gobierno cumple con sus compromisos”, ha reivindicado al respecto para recordar que se ha pasado de un importe de 0,19 euros a 0,23 euros, “una cantidad superior a la que tenía del propio Estado, 0,19 euros, y a la media que se abonaba por kilometraje en el ámbito del conjunto de las administraciones públicas, que era de 0,22 euros”.
“No obstante –ha añadido– somos conscientes de la última subidaacordada por el Estado recientemente a mediados de este pasado mes de julio, cinco meses después de nuestra subida autonómica, con la que ha llegado a los 0,26 euros por kilómetro, por lo que, de acuerdo con nuestro compromiso previo, negociaremos con las centrales sindicales llegar a esa misma cuantía”.
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