Bildarratz anuncia que remitirán la próxima semana a la Fiscalía sus sospechas de posible concertación entre las empresas
VITORIA, 1 (EUROPA PRESS)
El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha informado este viernes que tras no conseguir alcanzar un acuerdo con las empresas de transporte escolar y quedar desiertos, salvo en Gipuzkoa, la mayoría de los itinerarios de Álava y Bizkaia, ha cursado una orden de ejecución forzosa del Servicio de Transporte Escolar que obligará a las empresas que han prestado el servicio el curso pasado a cubrir esa necesidad, con el objetivo de “garantizar el transporte escolar” en el inicio de curso 2023-2024.
Además, ha adelantado que tienen sospechas de que se podría estar produciendo una concertación entre las empresas de transporte escolar para obtener un mayor beneficio de la Administración, y ante estos “indicios de delito” detectados, van a remitir a lo largo de la próxima semana esta información a la Fiscalía.
En una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, el consejero ha informado sobre la situación del servicio de transporte escolar para el curso 2023-2024.
Según ha explicado, el Gobierno Vasco, coincidiendo con el inicio del 2023, activó “un nuevo concurso público, una nueva licitación en la que un buen número de rutas se ofertaban con un incremento económico con respecto al curso anterior”.
“Una vez finalizado el periodo para presentar ofertas, vimos con sorpresa que la mayoría de los itinerarios quedaron desiertos en Bizkaia y en Álava, incluso en rutas escolares con un incremento económico importante”, ha informado.
Por ello, el departamento comunicó a todas las empresas que “con el objetivo de garantizar el transporte escolar, se les ofrecía la posibilidad de que en aquellos itinerarios que quedaron desiertos, las empresas pudieran seguir ofreciendo el servicio de transporte que ya llevaron a cabo el curso pasado, en las mismas condiciones económicas”.
Para Bildarratz, es “difícil de entender” que “prácticamente todas las rutas de Gipuzkoa se han adjudicado con normalidad, mientras que en Álava sólo se han adjudicado unas pocas, y ni una sola en Bizkaia”. “El transporte escolar está resuelto en Gipuzkoa, y no así en Álava y en Bizkaia y, sinceramente, no entendemos ese hecho cuando los criterios son los mismos para los tres territorios”, ha destacado.
Además, ha criticado que han recibido “posiciones sin sentido, sin lógica económica”, ya que “han subido precios en algunas rutas y no han recibido ofertas, y posteriormente algunas empresas han aceptado ofrecer ese servicio con las condiciones del curso anterior, en algunos casos condiciones económicas más bajas”.
CONCERTACIÓN ENTRE EMPRESAS
“Tenemos sospechas, con la actuación de algunas empresas, por ese proceder tan extraño y porque hemos recabado información que nos hace pensar que algunas empresas están actuando de un modo ilícito. Creemos que se puede estar produciendo una concertación entre las empresas que están acordando cómo actuar para obtener un mayor beneficio de la administración. Es una práctica que, de confirmarse, estaría manipulando las condiciones económicas del servicio”, ha alertado.
Según ha explicado, desde que comenzaron a “detectar algunos elementos extraños”, el Gobierno Vasco se puso en contacto con la Autoridad Vasca de la Competencia, con la que está colaborando y remitiendo la información que les ha solicitado.
REMISIÓN A LA FISCALÍA
Además, “ante los indicios de delito que se han detectado, se va a remitir toda esta información a la Fiscalía”. “Espero que lo podamos hacer a lo largo de la semana que viene, pero mientras tanto tenemos que garantizar el transporte escolar de cara al inicio de curso”, ha señalado.
Bildarratz ha defendido que para garantizar el transporte, ha cursado una orden de ejecución forzosa del Servicio de Transporte Escolar. Se trata de un acto ejecutivo que entra en vigor en el momento en el que se publica en el boletín, que supone que “en aquellos itinerarios sin el servicio garantizado, serán las empresas que venían prestando el servicio el curso pasado quienes deberán cubrir dicha necesidad.
Al respecto, ha detallado que “se abonará el coste real de cada empresa de transporte y se le aplicará un beneficio industrial del 6%, como establece la legislación vigente”. “El transporte escolar es un servicio esencial para garantizar la escolarización de miles de estudiantes y desde el Departamento de Educación lo vamos a garantizar, por el bien de miles de alumnos y sus familias”, ha asegurado.
Preguntado sobre si esto afecta sólo a colegios públicos, Bildarratz ha confirmado que “únicamente se refiere a los centros públicos, aunque ha informado que ha recibido por parte de algunos centros concertados, “una preocupación similar”.
PROCESOS DE LICITACIÓN
Bildarratz ha recordado que desde el año 2020, el Gobierno Vasco ha presentado tres procesos de licitación en los tres territorios y ha subrayado que se trata de “concursos públicos en los que las empresas pueden competir por hacerse con algunas de las rutas de transporte escolar establecidas por el Departamento de Educación.
“Todos los años hemos activado uno de estos procesos. En todo este tiempo nos hemos encontrado con una actitud que consideramos obstruccionista por parte de algunas de estas empresas”, ha criticado.
Asimismo, ha explicado que durante estos meses, estas empresas han presentado un total de 27 recursos a los pliegos de esos concursos públicos ante el OARC, el órgano administrativo de recursos contractuales.
Según ha destacado, “su reclamación principal se ha basado en una cuestión económica”, ya que “señalaban que las condiciones económicas presentadas por el Gobierno Vasco son insuficientes”.
No obstante, ha informado de que “todos los aspectos económicos presentados por estas empresas han sido rechazados por el OARC” y “ninguna de las alegaciones en las que se ha cuestionado el presupuesto de contratación ha sido aceptada por el órgano administrativo, ni una sola”. “Aquellos otros aspectos aceptados en los recursos se incorporaron al proceso de licitación”, ha indicado.
El consejero ha destacado que “en las últimas resoluciones, el OARC dictamina abiertamente mala fe de las empresas al presentar los recursos, una evidente intención de dilatar el proceso y argumentos contradictorios, entre otros elementos”.
“En todos esos 27 recursos, una vez conocida la resolución, las empresas en ningún caso acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo dando por buena esa resolución”, ha detallado.
Respecto a las condiciones que el Departamento de Educación ha presentado en esos concursos públicos, ha explicado que su Departamento tomó “como referencia los criterios e indicadores recogidos en el Observatorio del Transporte, tal y como pidieron las propias empresas”.
Bildarratz ha recordado que al inicio del curso pasado, “al no haber una contratación en vigor al uso, se mantuvo una negociación con las empresas que se resolvió el día anterior al inicio del curso”.
“Debido al incremento de los precios en aquel momento, debido entre otros factores a la guerra en Ucrania, aprobamos un incremento económico del 24,1% para las empresas, que si le añadimos el 6,9% incrementado también en el curso anterior, hace que en dos años tengamos un incremento de un 31%”, ha subrayado antes de señalar que “las empresas aceptaron este incremento y el servicio se ofreció sin contratiempo”.
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