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Vox solicita que se inicien en el Congreso las sesiones de control al Gobierno, aunque esté en funciones

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MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario Vox en el Congreso ha registrado un escrito pidiendo a la Mesa de la Cámara que tome las medidas necesarias para poner en marcha “de manera urgente” las sesiones de control al Gobierno, aunque actualmente esté en funciones.

De momento, la Mesa ha dado vía libre a los nueve grupos parlamentarios de esta XV Legislatura, pero antes de retomar las sesiones plenarias habituales es necesario que se reúna la Junta de Portavoces, que se repartan los escaños del hemiciclo, que se apruebe un calendario de Plenos, y que se pacte el número de preguntas que correspondería a cada grupo, entre otras medidas preliminares.

De momento, el único pleno previsto en el Congreso es el debate de investidura de Alberto Núñez Feijó, previsto para los días 26 y 27 de septiembre, que probablemente se extienda al día 29 para una segunda votación.

En su escrito, Vox recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2018 cuando determinó que “el hecho de que el Gobierno esté en funciones no impide la función de control de las Cámaras, ya que en la medida en que el Gobierno sigue desarrollando actividad, esta no puede quedar exenta del control de las Cortes Generales”. Y es que en la legislatura corta de 2016, como el Gobierno de Mariano Rajoy estaba en funciones, se negaba a someterse a control parlamentario en el Congreso, y la oposición recurrió al TC.

“No hay razones jurídicas, políticas, administrativas, ni organizativas que estén por encima del mandato constitucional y del ordenamiento jurídico, ni tampoco que justifiquen una demora en el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Gobierno con el Congreso de los Diputados”, sostiene la formación que lidera Santiago Abascal.

Este escrito de Vox se analizará en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, donde ya están pendientes de respuesta otros tres: el recurso contra la constitución de Junts y ERC, la exigencia de que se anule el acatamiento constitucional de una treintena diputados de Junts, ERC, Bildu, Sumar y BNG que prometieron en lenguas cooficiales, y la petición para que no se abonen sueldos y subvenciones a las formaciones implicadas.


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