MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)
El sector agrario malagueño, en su totalidad –Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias–, se suma a la protesta convocada en Córdoba el 5 de septiembre, enmarcada en la reunión de ministros europeos de Agricultura.
A través de un comunicado de prensa remitido por Asaja Málaga, se señala que esta protesta se basa “en la defensa del modelo social y profesional de agricultura, amenazado por las políticas de la UE, y para exigir soluciones políticas coherentes en materia de cambio climático y seguridad alimentaria, y como respuesta al debilitamiento de la agricultura y la ganadería andaluzas a consecuencia del encarecimiento de los costes de producción, la sequía, la falta de rentabilidad y la creciente competencia desleal de terceros países”.
Aseguran que se trata de una suma de factores que pone en jaque la soberanía alimentaria de la agricultura andaluza y el futuro de la principal región agraria española.
El campo malagueño aprovechará la celebración de la reunión de los ministros de Agricultura europeos, que contará con la asistencia del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, y dentro del marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, para reclamar “un cambio en los planteamientos comunitarios que permita proteger el tejido productivo andaluz -y el europeo-, así como la seguridad alimentaria del conjunto de la ciudadanía”.
Apuntan que el sector agroalimentario andaluz acumula dos años soportando el incremento del precio de fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, gasoil o electricidad, entre otros inputs, que ha provocado un aumento de los costes de producción superior al 35% en 2022, según datos de Eurostat.
Si bien este ascenso se tradujo en un incremento del valor de los alimentos en su origen (por encima del 25%), la realidad es que agricultores y ganaderos continúan trabajando en una situación ruinosa, que ha empujado a muchos de ellos a abandonar sus explotaciones.
Por otro lado, la sequía persistente desde el año 2017 está provocando una caída de la productividad del campo andaluz ante la ausencia de una política hidrológica adecuada a la situación climática, que nos permita continuar con nuestra actividad.
La pérdida de cosecha por la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas es especialmente preocupante en sectores como el aceite de oliva, que en un solo ejercicio llegó a disminuir su producción en un 49% -al pasar de los 1,151 millones de toneladas molturados en la campaña 2021-2022 a las 587.000 toneladas, en la 2022-2023-. O en sectores como el de los cereales, en el que se estima una pérdida del 52% de la cosecha, y la ganadería, donde se han disparado especialmente los costes de producción ante la falta de pastos para alimentar a los animales y el encarecimiento de las materias primas por el conflicto bélico.
Inciden en que en este contexto, mientras el sector productor busca la fórmula para mantener la rentabilidad de sus explotaciones, agricultores y ganaderos asisten indefensos a una entrada indiscriminada de alimentos procedentes de países terceros, con normativas medioambientales y laborales más laxas a las que están sujetos los productores europeos.
“Una llegada de productos que viene, además acompañada de sucesivas alertas sanitarias, encontrándose ya en el canal de comercialización alimentos que no cumplen las normas de seguridad europeas y que son consumidos inevitablemente por la población debido a unos sistemas de control deficitarios”, añaden.
DEMANDAS
En el comunicado, se recoge que el campo andaluz pide a los ministros europeos de Agricultura un trato igualitario para producciones europeas y de terceros países, pidiendo coherencia con las normas del juego, intensificando controles en frontera para garantizar la entrada de alimentos producidos bajo las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad a las que están sometidos agricultores y ganaderos comunitarios.
Además, piden un reconocimiento del sector agrario como sector estratégico dentro de la unión europea, dignificando la figura del agricultor y ganadero que en la actualidad está recibiendo ataques de una parte de la sociedad contra nuestro modelo de producción, cuando con el trabajo y con nuestro esfuerzo, lo único que hacemos generar empleo estable en las zonas rurales, proporcionar alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad siendo la agricultura y la ganadería la única garantía de supervivencia del mundo rural y que contribuye de forma muy decisiva a la sostenibilidad y al medio ambiente.
También demandan que se acabe con la inestabilidad que se encuentra el sector agroalimentario andaluz, agravada con el nuevo marco normativo de la Política Agraria Común (PAC), forzando un proceso de desestructuración para el que el sistema agrícola no está preparado, prevaleciendo las teorías verdes de la ‘De la granja a la mesa’ o la reducción de fitosanitarios y materias activas sobre los criterios productivos.
“Se trata de unas políticas que se aprobaron a espaldas de la principal región productora del territorio español, restando, de esta forma, recursos económicos al campo andaluz, e incrementando la burocracia -en contra de las demandas del sector-, lo que ha supuesto un mayor coste económico y emocional para agricultores y ganaderos”, añaden.
Por último, exigen poder aprobar una planificación hidrológica nacional seria y compatible con la rentabilidad de nuestras explotaciones. Dotada de presupuesto para acometer mejoras de las infraestructuras hidráulicas que regulen e incrementen recursos y no pongan en jaque un sector que aporta cerca del 10% del Producto Interior Bruto del país.
“No es posible que no se permitan cambios en las concesiones en las que, aun manteniendo las cantidades de agua no se permitan ampliaciones de superficie regada aún amparadas por cambios de cultivo con menor demanda de agua o por la implantación de sistemas de riego más eficientes, o ver como las aguas de nuestros ríos y de nuestros arroyos, ya sean superficiales o subterráneos, sigan yendo al mar en su totalidad sin ningún tipo de regulación o tratamiento para ser reutilizadas”, concluyen en sus demandas.
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