ALMERÍA, 27 (EUROPA PRESS)
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado sobre el problema de la desecación de las lagunas del Parque Nacional de Doñana que “Doñana es un humedal que no es ajeno a la situación de sequía que hoy tiene el continente”, para seguidamente argumentar que “lo que está claro es que esas lagunas no se han podido secar por un proyecto de ley que ni siquiera se ha aprobado, que es un papel que se está tramitando en el Parlamento de Andalucía”.
“Frente a aquellos que hacen ver que el principal problema que tiene hoy Doñana es la Proposición de Ley, les digo que es un papel que se está tramitando en el Parlamento y por lo tanto no ha podido desplegar ningún efecto”, prosigue afirmando.
En el marco de una entrevista con Europa Press, en la que se aborda la tramitación de la Proposición de Ley conjunta de PP y Vox sobre los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana para propiciar su conversión en suelos agrícolas regables con aguas superficiales, Fernández-Pacheco argumenta que esa iniciativa “va de intentar no ampliar los regadíos, sino de dar una salida a unos agricultores que desempeñan su trabajo en esa comarca para que no vuelvan a sacar jamás agua del acuífero, que el acuífero de Doñana sea solo para Doñana y para que Pedro Sánchez cumpla su palabra, haga la infraestructura y traiga agua de cuencas excedentarias, siempre en superficie”.
Asegura que “la voluntad de mantener un diálogo sereno con el Gobierno de España la hemos tenido siempre”, para seguidamente blandir que “el problema es que nos hemos encontrado con la famosa negación del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, de todo sus ministros, de manera muy especial de la ministra de Transición Ecológica, a entablar ningún tipo de diálogo con la Junta de Andalucía”, mientras que imputa a la titular de esa cartera en funciones, Teresa Ribera, que “ella nos ha respondido con insultos, con desprecio, ha llamado señorito al presidente de la Junta de Andalucía, se ha referido a nuestra Comunidad Autónoma como esa esquinita”.
El consejero y portavoz ha recriminado al Gobierno y al PSOE emplearse en “alentar campañas que venían desde el extranjero, hablando mal de un sector que supone hasta 100.000 puestos de trabajo en Huelva y más del 95% de la exportación de fresa que hoy tiene España”.
Mientras atribuye a la Proposición de Ley el propósito de “dejar de esquilmar el acuífero de Doñana” y “un plan para aportar recursos hídricos de Cuencas Hidrográficas como la del Chanza, Tinto y Odiel a la de Doñana para dejar de usar esos acuíferos”, considera que “la premisa es no mirar para otro lado como ha venido haciendo la Administración socialista al frente de la Junta de Andalucía durante cuarenta años” y deduce que “fruto de esa dejación tenemos el problema social que existe hoy en el Condado y fruto de esa gestión Doñana está como está en este momento”.
“Nadie pone en duda que el acuífero de Doñana no se toca, eso es algo que todos tenemos claro, nadie pone en duda que se trata de un patrimonio ambiental inigualable que tenemos el deber y obligación de preservar y de cuidar para legarlo a las generaciones venideras”, razona sobre la repercusión que tendría la Proposición de Ley propiciando la declaración de nuevos suelos agrícolas regables, para reafirmarse en que sólo su partido y la Junta de Andalucía “sólo nosotros hablamos de la necesaria compatibilidad que esa preservación debe tener con el desarrollo social de tantísimas familias que hoy viven y trabajan del sector de los frutos rojos en Huelva”.
“Las competencias en agua en Doñana no son de la Junta. Las competencias en agua en Doñana son de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Por lo tanto, si existe actualmente un problema de agua en Doñana, jamás se puede achacar al gobierno de Juanma Moreno. Habrá que achacárselo a quien es competente, digo yo”, sigue explicando.
LA JUNTA ELIGE A LOS AGRICULTORES FRENTE A DOÑANA
Cuestionado si entre Doñana y los agricultores han elegido a estos últimos, Fernández-Pacheco replica que “ésa es la percepción que el Gobierno de España se ha empeñado en que tengamos, y probablemente lo hayan conseguido”, convencido de que “las herramientas propagandísticas con las que cuenta el Gobierno de España son muy grandes”.
“Ellos comenzaron una campaña de descrédito frente al Partido Popular, frente a la Junta de Andalucía con el tema de Doñana”, se lamenta el consejero y portavoz, quien considera que “se ha utilizado el Parque Nacional como arma arrojadiza y no como un bien a preservar”, mientras insiste en reclamar al Gobierno “una infraestructura que el propio Pedro Sánchez prometió en el año 2018”, en alusión al trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos de la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras.
Atribuye ese comportamiento público del Gobierno con Doñana a que “entendía que le daba rédito electoral” porque “consigue que muchos españoles no entiendan el problema real y hacerles ver una realidad que nada tiene de cierto”.
Preguntado por la supervisión que ejerce la Unión Europea sobre el Parque Nacional de Doñana, explica que “tenemos una sentencia que recae sobre el Reino de España por incumplir la Directiva Hábitat y la Directiva Agua desde el año 2021, sentencia que el Gobierno de España tiene que cumplir y no está cumpliendo y por supuesto que Bruselas está preocupada porque se está incumpliendo la sentencia”, mientras sostiene que “el 80% de las obligaciones son del Gobierno de España”.
BATALLA POR LOS GASTOS DE LA LIMPIEZA DEL VERTIDO DE AZNALCÓLLAR
Sobre la batalla jurídica para que la empresa Boliden Apirsa asuma el pago de los 90 millones que tuvo de coste público la limpieza del lodo vertido por la mina de Aznalcóllar, cuando en julio un Juzgado de Sevilla ha rechazado esa pretensión de la Junta de Andalucía, afirma Fernández-Pacheco que “en absoluto lo damos por perdido” por cuanto “estamos convencidos de que tenemos la razón”.
El Gobierno andaluz anunció tras la sentencia su intención de recurrir y de llegar incluso al Tribunal Supremo (TS).
Fernández-Pacheco arguye que “la Junta de Andalucía desembolsó 90 millones de euros para la restauración ambiental de toda la zona” y que, fruto de ese trabajo, “el paisaje es diametralmente opuesto a lo que la catástrofe provocó y nuestra intención es que Boliden pague a los andaluces el dinero que la Junta de Andalucía se vio obligada a desembolsar”.
“Estamos convencidos de que tenemos las razones, que tenemos argumentos necesarios primero para recurrir en casación y, si hace falta, para llegar al Tribunal Supremo”, sigue argumentando el consejero, antes de considerar que “ese dinero no es de Juanma Moreno, es de todos los andaluces y nuestra obligación es pelearlo con uñas y dientes”.
“Tenemos garantías de que podemos conseguir una sentencia favorable”, remacha su razonamiento.
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