SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)
La CIG y la Asociación en Defensa da Sanidade Pública han censurado la decisión de la Consellería de Sanidade de sacar a licitación un contrato por valor de casi 1,4 millones para los próximos tres años de cara a derivar a clínicas privadas las intervenciones para interrumpir embarazos de forma voluntaria, lo que consideran “un paso más en el proceso de privatización” de la sanidad pública.
En sendos comunicados, la central nacionalista y el colectivo consideran que la cuantía del contrato (prorrogable hasta los cinco años) debería dedicarse a reforzar la plantilla del Sergas para que el derecho a interrumpir de forma voluntaria un embarazo se preste desde la sanidad pública.
CIG-Saúde ha mostrado su discrepancia con el argumento de la Xunta de que se trata de “intervenciones poco complejas” que, por lo tanto, pueden ser derivadas a las clínicas privadas, ya que podría aplicarse a “un gran número de intervenciones” de cirugía ambulatoria “que se hacen en la sanidad pública”.
Por tanto, el sindicato remarca que el Sergas debe garantizar la disponibilidad de recursos para realizar “todas la intervenciones” e interpreta que contratar las interrupciones de embarazo en la privada supone “descapitalizar” la sanidad pública en favor de la privada.
Además, también censura que se use como argumento los supuestos problemas para encontrar profesionales que las realicen pormotivos de objeción de conciencia. “No puede ser que los profesionales con objeción de conciencia se concentren en la sanidad pública y sólo se puedan hacer estas intervenciones en la sanidad personal”, ha concluido.
DEFENSA DA SANIDADE
Por su parte, Defensa da Sanidade Pública coincide con la CIG en que la licitación de estas cirugías avanza en la “privatización” del Sergas dado que, hasta el momento, únicamente se derivaban a la privada aquellas intervenciones basadas en criterios de urgencia vital.
Consideran que se trata de una “vulneración de un derecho fundamental” de las mujeres, a las que, dicen, también “estigmatiza” porque “dejan de ser dignas de ser atendidas en la sanidad pública”.
“La Xunta demuestra nuevamente su incapacidad para planificar y gestionar los recursos sanitarios públicos, dado que la medida se justifica por la imposibilidad de que los servicios sanitarios públicos del Sergas puedan prestar dicha asistencia con los recursos humanos, materiales y de infraestructura que tiene en la actualidad”, ha remarcado el colectivo.
En este sentido, recuerdan que corresponde a los gerentes de los hospitales “organizar los circuitos adecuados” para que el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales no suponga una traba para que las mujeres ejerzan el suyo a interrupir el embarazo de forma voluntaria en un centro público.
Así pues, piden la retirada del contrato y la adopción de medidas desde la administración para garantizar el acceso “en todos los centros sanitarios públicos”, así como la puesta en marcha de una regulación de la objeción de conciencia que no interfiera al ejercicio de este derecho para las mujeres.
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