LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha concluido la instrucción de una serie de diligencias por la presunta autoría de un delito de fraude a la hacienda pública al detectar una importante empresa tabaquera radicada en Canarias se había aplicado durante los tres últimos años un tipo impositivo de menor importe al que realmente debería haberse aplicado, un fraude cifrado en casi 30 millones de euros.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos en mayo de 2022 al recibir una denuncia anónima en la que se detallaba la comisión de una irregularidad en el pago de tributos por parte de una empresa tabacalera de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife.
Así, el análisis específico de los tributos de los tres últimos años llevó a la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de la Luz a comprobar como la sociedad mercantil, durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y marzo de 2023, habría repercutido en sus autoliquidaciones del impuesto sobre las labores de tabaco negro, de un modo deliberadamente erróneo, un tipo impositivo de menor importe al que realmente debería haberse aplicado, informa la Guardia Civil en una nota.
Según detalla el instituto armado se basaba en la declaración de un tipo impositivo denominado ‘específico’, que para el ejercicio 2023 está establecido en 11,10 euros por cada 1.000 cigarrillos negros vendidos cuando realmente tendría que haber aplicado el tipo impositivo denominado ‘proporcional’, fijado en 47 euros por cada 1.000 cigarrillos negros vendidos, todo ello en función de lo dispuesto en la Orden de 9 de mayo de 2011, que desarrolla la Ley 1/2011, de 21 de enero, del impuesto sobre las labores del tabaco y otras medidas tributarias.
En este sentido, a raíz del estudio pormenorizado de cada uno de los periodos investigados, se estima que se eludió una cantidad que podría oscilar entre 44,2 euros por cada 1.000 cigarrillos negros vendidos en 2020 y 35,9 euros en 2023.
Con la práctica descrita, la empresa dejó de pagar a las arcas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias la cantidad de 29.890.125,25 euros.
Las diligencias han sido entregadas por la Guardia Civil al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Güímar.
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