La ONU denuncia la brutalidad de los ataques así como la respuesta de grupos de “autodefensa”, traducida en cientos de linchamientos
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Al menos 20 personas han muerto y más de 10.000 han acabado huyendo de sus hogares durante la ola de violencia desencadenada a principios de esta semana por la banda criminal Gran Ravin en la capital de Haití, Puerto Príncipe, en uno de los episodios más sangrientos desde que los grupos criminales asumieran el control de buena parte de la ciudad aprovechando el vacío de poder dejado con el asesinato en 2021 del entonces presidente del país, Jovenel Moise.
Los ataques han ocurrido concretamente en un barrio de la capital, el de Carrefour Feullies, situado en el sureste de la ciudad y cuyo control perseguía la banda armada desde hace meses para consolidar su territorio en Puerto Príncipe, según explican organizaciones humanitarias y ciudadanos al portal de noticias haitiano Alter Presse.
Los primeros tiroteos empezaron durante la tarde del pasado domingo pero no fue hasta la madrugada del lunes que la población comenzó a escapar de sus hogares en medio de súplicas de auxilio a la Policía haitiana. De hecho, los vecinos del barrio llegaron incluso a concentrarse al día siguiente para pedir ayuda a las autoridades en un último intento para conservar sus hogares.
Sin embargo, a lo largo de los tres días siguientes la banda liderada por Renel Destina, alias ‘Ti Lapli’ –de 42 años y buscado por el FBI tras secuestrar hace dos años a un ciudadano estadounidense– acabó lanzando una última ofensiva que le ha llevado apoderarse del barrio entero “a tiro limpio en la cabeza”, según explica al portal una de las supervivientes, una joven estudiante.
Mientras, la ONG haitiana de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, fuente del balance provisional de víctimas, ha insistido en sus peticiones de ayuda ante la avalancha de personas que ha llegado en los últimos días a su sede en la capital. Otros de los desplazados han acabado en refugios improvisados de la ciudad, como gimnasios, mientras lamentan que el barrio es, desde el pasado miércoles, cuando cesaron los ataques, un “territorio perdido”.
Además de la masacre en Carrefour Feullies, las fuentes locales de Alter Presse han informado de otros ocho muertos en nuevos episodios de violencia, ambos ocurridos el miércoles, cuando resultaron acribilladas a tiros cinco personas en la estación de autobús de Delmas 31, también en la capital.
Otras tres personas fallecieron ese mismo día en la provincia de Artibonito, al norte de la capital, en un ataque protagonizado por miembros de la banda Gran Grif en la localidad de Savien.
NACIONES UNIDAS DENUNCIA LA EXTREMA BRUTALIDAD DE LOS ATAQUES
En su valoración de este viernes, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha denunciado la extrema crueldad exhibida por la banda armada durante su ofensiva, hasta el punto de que siete de los fallecidos, una familia de cinco hombres y dos mujeres, murieron quemados vivos dentro de su domicilio.
Tanto la familia de siete como otra familia de tres personas, conformada por un representante municipal, así como su mujer y su hijo pequeño, eran considerados por la banda como un objetivo específico al haber alentado a la formación de grupos de autodefensa en el barrio para protegerse de los criminales, ha explicado la portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa desde Ginebra (Suiza).
La portavoz también avisa de la violencia generada por la actuación en los últimos meses de los llamados “movimientos de justicia popular”, grupos de “vigilantes” que han protagonizado su propia campaña de extrema violencia, que ha dejado al menos 350 muertos en linchamientos desde el 24 de abril hasta mediados de agosto, entre ellos 310 presuntos criminales, 46 personas sin aparentemente delito alguno a sus espaldas y un agente de Policía.
En términos generales, la violencia criminal en Haití ha dejado, durante los dos últimos años, al menos 600 muertos y cientos de secuestrados en medio de la incapacidad de las autoridades haitianas y de esfuerzos internacionales como los protagonizados por Kenia o Canadá para intentar contener la violencia con el despliegue de fuerzas o inyecciones económicas a las fuerzas de seguridad nacionales.
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