Hablan de “calvario”, dicen que se está privando a la pequeña, de seis años, de su identidad y llevan el caso al Defensor del Pueblo
OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS)
Un matrimonio residente en Gijón acumula más de dos años de espera para que el Registro Civil Central realice la correspondiente inscripción marginal de su hija adoptada, que actualmente tiene seis años. La pareja cuenta incluso con un auto judicial de fecha 5 de mayo de 2021 del Juzgado de Primera Instancia número nueve de Oviedo que en su parte dispositiva acordaba la adopción mencionada y ordenaba la inscripción de su hija, con sus nuevos apellidos y nombre.
Sin embargo, tras atender a todos los requerimientos del Registro Civil Central para realizar el trámite de inscripción, ésta, a fecha actual, sigue sin producirse. Pasaron meses sin que se realizase y ante el retraso, la familia recurrió a asistencia jurídica al entender que no podían estar en esa situación.
El trámite burocrático está siendo largo y, a día de hoy la adopción de la menor sigue sin estar inscrita en el Registro con todo lo que eso implica. Los padres no tienen la documentación que acredite la filiación. Tienen que llevar consigo en todo momento todo el expediente judicial y administrativo para acreditar la patria potestad sobre la niña.
Al no existir la inscripción registral, la pequeña no cuenta con DNI ni con el correspondiente pasaporte. Los padres no pueden salir con ella de territorio español porque no tienen la documentación que demuestre que es su hija.
Otro problema que se encuentran en estos dos años es que la menor tiene que responder a una filiación en el centro escolar y a otra en su entorno más íntimo. Al no costar como familiar con ellos en la Seguridad Social tampoco tiene acceso a becas. El matrimonio, y sobre todo la pequeña, sufren todo este tiempo la situación y afirman que el retraso está negando a la niña el derecho elemental como es el de su propia identidad.
No comprenden la demora administrativa cuando cuentan desde hace más de dos años de una resolución judicial que, de manera explícita, obliga a la inscripción de la adoptada con sus nuevos apellidos y su nombre.
Se da la circunstancia de que la pequeña tiene el antecedente de una gestación subrogada que resultó ser traumática. El Gobierno del Principado de Asturias terminó retirando su custodia a su primera progenitora por desprotección. Fue en el año 2018. La Administración regional pasó a tutelarla. Sus nuevos padres la adoptaron en el año 2021.
Cuando un menor es adoptado, se inscribe en el Registro Civil. El matrimonio de Gijón cumplió con todos los trámites, solicitando esa inscripción al Registro Civil Central, dado que la niña nació en Estados Unidos. Pero los meses de retraso se han ido acumulando, a pesar de los escritos que han ido presentando al Registro.
Volvieron a preguntar al Registro Civil Central el 13 de mayo de 2022 para pedir explicaciones por la dilación del proceso. Les contestaron que ya habían enviado notificación al Registro Civil municipal. En Gijón, pidieron también información, pero no han obtenido información relevante. Lo cierto es que la niña sigue sin estar inscrita. Los padres dicen que es enormemente problemático realizar cualquier trámite administrativo porque a efectos oficiales es como que su hija no existiera. Se ven indefensos, no solamente ellos, también la niña.
El asunto ha sido trasladado el pasado mes de julio al Defensor del Pueblo, donde los padres explican toda la situación que están padeciendo. Le piden que actúe ante la Adminisitración para poner fin a un “calvario” de tramitación que llevan más de dos años sufriendo.
“DEJADEZ”
A preguntas de Europa Press, el abogado de la familia, Javier Martín, ha explicado que, aún entendiendo que una tramitación administrativa, aunque sea algo tan simple como una inscripción ante el registro civil, pueda estar sujeta a sus plazos lo que no puede admitirse es una demora que “atenta contra el derecho básico de la propia identidad de una menor”.
“Lo único que se solicita es que se proceda de modo inmediato a la inscripción o que, si faltara alguna documentación esencial para ello, que la soliciten para poder aportarla pero nunca puede admitirse por parte de la Administración una dejadez de funciones y un silencio total que lo único que hace es aumentar día a día la situación de indefensión de una menor y un sentimiento de impotencia para sus padres”, ha explicado.
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