ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)
PP y VOX se han comprometido este viernes, 4 de agosto, en un documento que han firmado sus portavoces parlamentarios, Ana Alós y Alejandro Nolasco, respectivamente, a impulsar “un Gobierno estable” para llevar a término “el cambio político” en la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el documento de acuerdo subrayan que ambos partidos suman la mayoría absoluta del Parlamento, con 35 diputados de 67, y se comprometen a poner en marcha un Ejecutivo “estable y fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos y tenga como ejes estratégicos la libertad, el desarrollo socio-económico, una fiscalidad justa, el impulso a las administraciones locales, la cohesión territorial y la igualdad de todos los aragoneses, vivan donde vivan”.
El resto de ejes son la mejora de los servicios sociales, la educación y la sanidad pública, la protección de la mujer y la familia, la seguridad de los ciudadanos “y la potenciación de nuestra cultura y tradiciones”.
Asimismo, PP y VOX consideran que el Gobierno regional debe ser “un baluarte” de la Constitución, la unidad de España y la igualdad de los españoles frente a “cualquier intento de las fuerzas separatistas por atacar estos principios básicos que sustentan nuestro sistema democrático”.
El acuerdo recoge que Jorge Azcón (PP) presidirá el Gobierno y que VOX tendrá la vicepresidencia primera, con las competencias de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, también la Consejería de Agricultura y Ganadería. Ambos partidos votarán a favor del candidato del PP a senador por designación autonómica y constituirán antes del 30 de septiembre una comisión de seguimiento del pacto.
PROGRAMA
En el acuerdo programático indican que la sanidad aragonesa está “gravemente deteriorada y en retroceso por la mala gestión del Gobierno saliente” y apuestan por mejorar las retribuciones del personal; auditar la capacidad operativa real de los hospitales; promover la colaboración público-privada; mejorar el transporte sanitario urgente en todo el territorio; agilizar la construcción de los nuevos hospitales de Alcañiz y Teruel y elaborar un plan de choque de geriatría.
En materia de educación, abogan por un modelo en el que primen la libertad, la excelencia y la equidad, también que dé las mismas oportunidades al medio rural; garantizar la libre elección de centro; crear el ‘cheque escolar’; que los padres autoricen las actividades extracurriculares; “sacar la ideología de las aulas”; que la enseñanza infantil de cero a tres años sea gratuita; implantar el bachillerato concertado; crear nuevos grados universitarios en Huesca y Teruel; reducir la interinidad del profesorado y dignificar la labor docente.
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
“Es fundamental situar a la familia en el centro de todas las políticas públicas”, continúa el documento, para lo que impulsarán medidas como el ‘cheque bebé’, crear la Consejería de Bienestar Social y Familia; crear la Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad; ampliar las deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos; garantizar que las ayudas públicas lleguen a las familias que más lo necesitan.
Otras actuaciones son reformar la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación; incluir la perspectiva de familia en la elaboración de las leyes; garantizar toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres; erradicar los discursos machistas “que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”.
Asimismo, asistir a las víctimas de la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres, niños y ancianos, así como la filio-parental; promover que el Gobierno de España identifique a los violadores que han salido en libertad en aplicación de la Ley del solo sí es sí; combatir con más eficacia las agresiones sexuales, en especial las violaciones grupales; tomar medidas más duras contra agresores y asesinos.
Respecto a la política fiscal, el acuerdo contempla rebajar medio punto los cinco primeros tramos del IRPF; bonificar al 99 por ciento el impuesto de sucesiones; elevar el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio a los 700.000 euros; bajar el impuesto de actos jurídicos documentados al 0,75 por ciento.
Por otra parte, se fija como objetivo fomentar la recualificación de trabajadores; crear una bolsa de empleo joven; reducirlas cotizaciones sociales en los contratos a mayores de 50 años o parados de larga duración; cuidar a las pymes, el comercio local y artesano y reducir la burocracia de la administración.
Además, plantea racionalizar las subvenciones a los agentes sociales y las ayudas al desarrollo; desarrollar un modelo de radio y televisión pública “acorde con la coyuntura económica y con unos contenidos que reconozcan la pluralidad y favorezcan la cohesión territorial y los valores constitucionales”.
AGRICULTURA
PP y VOX se han comprometido a impulsar el sector primario “como eje estratégico” y han apostado por defender a los agricultores “en todas las instancias”; confeccionar de inmediato un plan contra la sequía; reducir el IRPF a los jóvenes agricultores; elaborar un pacto contra la despoblación; elevar al 20 por ciento las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel; impulsar un Plan para el Pirineo dotado con 250 millones y un plan de inversiones para el medio rural; reordenar las renovables en el territorio y una fiscalidad específica para el territorio.
Asimismo, la reapertura del paso ferroviario internacional de Canfranc y desarrollar la Travesía Central del Pirineo; mejorar el servicio del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza; garantizar la reserva hídrica estatutaria; ampliar los regadíos y limpiar las riberas de los ríos.
En el ámbito de la vivienda, quieren luchar contra la ocupación ilegal; apoyar la rehabilitación de viviendas; facilitar el acceso, especialmente en el caso de los jóvenes y el medio rural; exigir en todas las convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas la acreditación de residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento.
También abogan por derogar la Ley de Memoria Democrática; suprimir la Dirección General de Política Lingüística; eliminar las ayudas a entidades sin ánimo de lucro en materia de política lingüística; revisar la Ley de lenguas y modalidades propias; preservar el patrimonio arquitectónico, histórico y religioso; velar por la historia y la cultura aragonesas “frente a las manipulaciones interesadas del nacionalismo catalán excluyente y expansionista”; y elaborar un plan de la nieve.
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