MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
Más de 600 localidades andaluzas y catalanas padecen ya restricciones en el uso del agua, que van desde los casos más severos, como cortes totales en el abastecimiento o cortes nocturnos, hasta limitaciones en usos agrícolas, industriales, lúdicos, prohibición de riegos en zonas verdes, limpieza de calles con agua potable y reducción en las dotaciones de agua por habitante y día.
Según un reciente informe de Greenpeace, España podría experimentar sequías 10 veces peores que las actuales y los periodos secos y el calor reducirán la disponibilidad de agua dulce, lo que amenaza algunas actividades humanas.
Los embalses han iniciado agosto con la segunda reserva de agua más baja desde 1995, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a los que tuvo acceso Servimedia, al almacenar 23.637 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone un 42,2% de la capacidad total.
Solo 2022 tuvo una reserva inferior en esta época del año (40,4%). En cambio, el nivel más alto desde 1995 sigue siendo el de 2013 (78,1%).
La sequía es un fenómeno habitual en la Península Ibérica durante los veranos debido a su situación geográfica. “La emergencia climática y la mala gestión del agua están agravando este proceso. Esto hace que los períodos sin precipitaciones sean cada vez más intensos y duraderos. Consumimos una cantidad de agua muy superior a lo que podemos permitirnos”, apuntó este viernes Greenpeace.
“Nuestro país está condenado a sufrir sequías cada vez peores, y los datos científicos así lo corroboran desgraciadamente. Tenemos que hacer frente a la emergencia climática y tomar medidas. Es importante gestionar mejor la escasez de agua, reduciendo el regadío intensivo e industrial y adaptarnos a la nueva situación”, declaró el responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea.
Por ello, Greenpeace defendió un cambio porque la agricultura y la ganadería intensivas e industriales se llevan el 80% del agua, cuando el 75% del territorio español está en grave riesgo de desertificación y “más de un millón de pozos ilegales extraen sin control un recurso fundamental para la vida”, según esta organización, que advirtió que es “una temeridad por parte de nuestros responsables políticos que podría llevar al colapso al país”.
Actualmente, las zonas más afectadas por la sequía son Andalucía, con 118 municipios con cortes y limitaciones en el uso del agua, que se distribuyen por las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Córdoba y Sevilla, y Cataluña, donde 24 municipios de los 495 que estaban en fase de ‘excepcionalidad’ han entrado en ‘estado de emergencia’.
ANDALUCÍA
La cuenca del Guadalquivir, con un nivel de agua embalsada de un 21,1%, se encuentra “en graves dificultades”, según Greenpeace, sobre todo el norte de Córdoba. El área metropolitana de Sevilla también tiene restricciones.
La parte alta de la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras, que se abastece de manantiales y acuíferos, sufre cortes de agua. El Campo de Gibraltar, perteneciente a la cuenca del Guadalete-Barbate, tiene restricciones en el uso de duchas en playas, llenado de piscinas y baldeos de calles.
En las cuencas internas de Andalucía, el embalse de la Viñuela está a un 8,48% de su capacidad. Vélez-Málaga, con más de 80.000 habitantes, es el municipio más poblado con restricciones de agua. Otras localidades turísticas, como Nerja y Rincón de la Victoria, están en una situación similar.
CATALUÑA
En el caso de Cataluña, el pasado 2 de agosto se llegó por primera vez en su historia a elevar la situación a ‘estado de emergencia’ -el más grave contemplado en el vigente Plan Especial de Sequía de 2020- por la falta de agua.
Estos municipios se reparten principalmente en el área del acuífero del Fluvià Muga (22 municipios), en el Alt Empordà, y en el embalse de Riudecanyes (dos municipios), en el Baix Camp. Se establece así un uso de agua de 200 litros por habitante y día de media por localidad.
La Generalitat catalana ya decretó en mayo la fase de ‘excepcionalidad’ en 495 municipios catalanes a raíz de la sequía, lo que ya suponía restricciones en el uso del agua a una población de más de seis millones de habitantes, con un límite de agua de 230 litros por habitante y día.
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