ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)
La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) ha licitado por más de 5,8 millones de euros (IVA incluido) el contrato para la rehabilitación del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) “con el objetivo de transformarlo en un hospital psiquiátrico dependiente de la Administración penitenciaria”. El plazo para presentar ofertas está abierto hasta el próximo 22 de noviembre de este año. El periodo de ejecución previsto es de doce meses. Este proyecto de rehabilitación está previsto en el Plan de amortización y creación de establecimientos penitenciarios aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2022.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido “impulsar la reordenación de la sanidad mental penitenciaria”. Una de sus “principales actuaciones en este campo es la rehabilitación del actual centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra para su conversión en un hospital psiquiátrico penitenciario, circunstancia que permitirá disponer de un centro de sanidad penitenciaria especializado con las consiguientes mejoras en la atención de los internos que presentan patologías” mentales.
En el pliego de condiciones publicado y consultado por Europa Press se recoge que la propuesta arquitectónica del nuevo centro “debe permitir tanto el desarrollo de los diferentes tratamientos que estos pacientes necesitan como permitir un trabajo de integración progresiva del enfermo en el entorno social y de recuperación de las capacidades perdidas, partiendo de una situación de mayor observación en la que debe ser tratada la persona con enfermedad mental por mandato legal, y que debe tender a ser lo menos disruptiva posible para su recuperación social”.
Contará con una unidad de crisis/agudos –dos plantas y 20 camas para personas de nuevo ingreso, para aquellas a las que se les aplica el protocolo de prevención de suicidios y a las que se encuentren en estado de descompensación psicótica–; unidad de complejos –para personas con graves trastornos de conducta o que dificultan la convivencia–; unidad de estables –para quienes tienen un estado compensado de su patología y pueden convivir con normalidad–; una unidad de mujeres; y una unidad abierta o “miniresidencia” –para los que presenten una evolución favorable de su enfermedad “sostenida en el tiempo”–.
El entorno del centro “debe huir de la sensación de reclusión y aislamiento”, por eso, los espacios verdes “deben ser una prioridad del proyecto arquitectónico de mejora y adecuación” para permitir el desarrollo de actividades al aire libre. Por ello, se prevé la plantación de naranjos en macetas en los patios y “se ha previsto la ampliación del espacio del recinto, desarrollando el centro en el lado oeste, dejándolo listo para un acondicionamiento con piscina y zonas ajardinadas en una siguiente fase de desarrollo del centro”.
Las medidas de seguridad, principal motivo de ingreso en un hospital psiquiátrico penitenciario, se aplican cuando el tribunal valora que “las bases de imputabilidad delictiva –capacidad para ser responsable de los actos– se encontraban alteradas de forma completa o parcial en el momento de la comisión de los hechos constitutivos de delito”, detalla el pliego. Por tanto, “a diferencia de las penas de prisión”, la medida de seguridad de internar en un penitenciario psiquiátrico cumple una función “básicamente terapéutica, por lo que el tratamiento especializado se convierte en la clave de todo el proceso de intervención en el cumplimiento de dichas medidas cuya finalidad última son la rehabilitación y la recuperación social”, se sentencia.
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