MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La Inspección de Trabajo ha requerido a la Comunidad de Madrid para que implante medidas “efectivas” para controlar la temperatura en las Escuelas Valle de Oro de Madrid y Fábulas y Leyendas de Móstoles, tras realizar sendas visitas a las mismas y comprobar que se incumplía la ley de prevención de riesgos laborales en cuanto a los márgenes que deben marcar los termómetros en las aulas.
En la visita que tuvo lugar el pasado 12 de julio a ambas escuelas, de titularidad pública aunque de gestión privada, se midieron temperaturas superiores a 30º en todas las estancias de los centros.
“La situación en estas dos escuelas no es un hecho aislado. Son las mismas condiciones que se han vivido en el conjunto de las escuelas infantiles durante el mes de julio. Se han escolarizado los bebés y los niños y niñas de hasta 3 años sin las medidas necesarias para su bienestar y seguridad”, ha denunciado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, quien ha recalcado que “también han estado en riesgo el profesorado y el personal educativo”.
En concreto, la Inspección de Trabajo ha requerido a la Comunidad de Madrid y a las empresas privadas que las gestionan para que adopten las medidas organizativas efectivas y estructurales para que la temperatura se encuentre en los márgenes que se establecen los artículos 3 y 7 en relación con lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Tras el mismo, fuentes de la Consejería de Educación han recordado que la Comunidad lleva invertido más de medio millón de euros en la instalación de unidades enfriadoras en escuelas infantiles dentro del plan de actuación contra el calor que se puso en marcha en mayo. Por otra parte, se están instalado unidades de refrigeración adiabática de bajo consumo.
Asimismo, ha indicado que en este momento se está interviniendo en 180 Escuelas Infantiles y colegios públicos para la instalación de unidades de refrigeración adiabática, toldos y láminas UV en ventanas.
El requerimiento de la Inspección de Trabajo se produce tras la denuncia presentada por el sindicato CC.OO., que ha puesto en manos de este organismo varios casos anteriormente.
Así, según ha recordado la organización sindical, la Comunidad deMadrid recibió el primer requerimiento de la Inspección de Trabajo, para implantar medidas que permitieran a los centros escolares tener temperaturas entre 17ºC y 27ºC, en 2017. “Y ha seguido recibiéndolos en años sucesivos para cumplir así el RD 486/1997, pero en estos seis años no se han llevado a cabo las suficientes inversiones y los protocolos tampoco han disminuido el riesgo”, ha indicado.
Las medidas de intervención, que fundamentalmente quedan recogidas en el plan de actuación ante episodios de altas temperaturas de la Comunidad de Madrid 2023, que cuenta con medidas de intervención específicas para centros docentes, se planificará desde la Dirección General de Infraestructuras y otras como la posible modificación de horarios o calendarios se establecerán y definirán, en caso de considerarlo, por las unidades competentes en estas materias, todas pertenecientes a la Comunidad de Madrid.
En este contexto, la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid ha exigido a la Comunidad de Madrid que implante las medidas necesarias para cumplir la normativa en seguridad y salud en los lugares de trabajo. “Hay más denuncias pendientes. Y vamos a pelear centro por centro si hace falta. Inspección de Trabajo tiene que actuar ya. Siempre cuando denunciamos nos dan la razón”, ha destacado Galvín.
“¿No tienen ningún instrumento para hacer valer sus requerimientos y por tanto la ley?”, se ha preguntado la portavoz sindical, que ha subrayado que “si no los tienen, habrá que cambiar la Ley para que los tengan, pero esto no puede seguir así”.
“Con las altísimas temperaturas que han tenido. Las aulas y todas las dependencias de las Escuelas no se puede dar clase, no se garantiza el derecho a la educación y, sobre todo se pone en riesgo la salud, el bienestar, incluso la vida, de alumnado, profesorado y personal educativo”, ha zanjado.
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