OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha actualizado una serie de medidas de relevancia en la regulación de la prevención de incendios. Una resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), introduce novedades sobre las actuaciones para el mantenimiento del interfaz forestal (la zona donde el monte linda con poblaciones, básicamente), las limitaciones en el uso del fuego y las autorizaciones de las quemas. Esta normativa tendrá aplicación en bosques, zonas forestales y áreas colindantes (hasta los 400 metros).
En lo que se refiere al mantenimiento de la interfaz urbano-forestal (zona donde limita el bosque con áreas de asentamiento), para la quema de los residuos vegetales y de los restos de poda se precisará de un permiso, que tendrá validez de un año, y en ningún caso se podrán realizar con índice de riesgo alto o extremo.
El índice de riesgo de incendio forestal se calcula diariamente en función de la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de parámetros técnicos y estadísticos. De acuerdo con el índice calculado, se limitan o se prohíben las distintas actividades que pueden generar riesgo de incendio.
En cuanto a las quemas controladas, la resolución articula un procedimiento específico para las de mantenimiento en brañas o camperas, que, con carácter general, podrán realizarse en cualquier época del año. Las autorizaciones para quemas controladas tienen hasta dos años de validez y pueden solicitarse durante todo el año, para facilitar la gestión y la planificación.
La normativa concreta también que no se podrán llevar a cabo ninguna quema en dos supuestos: cuando exista máximo peligro (es decir, cuando el valor del Índice de Riesgo de Incendios Forestales publicado sea 4 o 5), o cuando esté activado el Plan de Incendios Forestales del Principado (Infopa), en cualquier punto de Asturias y en cualquiera de los niveles de emergencia.
La resolución de Medio Rural integra todas las actualizaciones derivadas de la modificación de las leyes estatales de Montes, la Política Agraria Común (PAC) y la de Residuos. El objetivo fundamental es simplificar y agilizar el proceso administrativo para proteger los bosques, la biodiversidad y a las personas que viven y trabajan en el medio rural.
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