MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acordó este viernes la adscripción de cuatro inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social que estaban sin uso a cuatro administraciones públicas situadas en Oviedo, San Fernando (Cádiz), Ceuta y Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Según el departamento dirigido por José Luies Escrivá, tras las adscripciones, tendrán usos sanitarios, de servicios al ciudadano y de atención a personas migrantes.
En primer lugar, se ha acordado la adscripción de varias plantas de un inmueble ubicado en la calle Argüelles de Oviedo, que suman 721 metros cuadrados, al Servicio de Salud del Principado de Asturias por un plazo de 30 años. Se destinarán a la gestión de los servicios sanitarios de dicha comunidad.
En segundo lugar, también se ha adscrito, en este caso al Servicio de Salud de la Junta de Andalucía, el sótano de un edificio, de 282 metros cuadrados, ubicado en la Avenida del Cid de San Fernando, en Cádiz. Esta adscripción tendrá un plazo de 25 años.
Tanto el inmueble de San Fernando como el de Oviedo ya albergaban dependencias sanitarias, fruto de las transferencias a las administraciones autonómicas.
En tercer lugar, se ha acordado la adscripción de un local ubicado en la calle Real de Ceuta al Ministerio de Política Territorial. Este inmueble, de 1.687 metros cuadrados, se destinará a diversas áreas de servicio al ciudadano por parte de la Delegación de Gobierno de Ceuta por un plazo de 30 años.
Finalmente, se ha adscrito el antiguo Centro de Formación de la Seguridad Social, ubicado en el Paseo de la Casa de Campo de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a la Secretaría de Estado de Migraciones. Este inmueble, cedido temporalmente para la puesta en marcha de un Centro de Recepción, Acogida de Emergencia y Derivación, ha sido adscrito para continuar prestando estos servicios por un plazo de cinco años.
Estas adscripciones se amparan en la reforma del Real Decreto 1221/92 sobre el patrimonio de la Seguridad Social aprobada el pasado mes de enero, que “simplifica y facilita la colaboración entre la Seguridad Social y otras administraciones, permitiendo el uso de inmuebles que no estén siendo utilizados para adscribirlos a fines de utilidad pública”.
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