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Una red que utilizaba documentos falsos y empresas ficticias para realizar regularizaciones en Salamanca y Ávila ha sido desarticulada

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SALAMANCA, 27 (EUROPA PRESS)

Las Comisarías Provinciales de Ávila y Salamanca han desarticulado una red que presentaba documentos falsos y datos también de “empresas fantasma” para regularizar a personas extranjeras en situación irregular.

Por el momento, según fuentes policiales en la información recogida por Europa Press, son cinco las personas “imputadas o detenidas” por un presunto delito de falsedad documental, entre ellas titulares de dos empresas fantasma, solicitantes de residencia y dos letradas de asesorías de Salamanca y Ávila.

Además, “quedan pendientes de localización” los gestores ubicados en Madrid y determinar si fueron “necesarias” sus actuaciones para el engaño a la Administración, han apuntado desde la Comisaría Provincial de Salamanca después de una investigación que comenzó cuando la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca detectó “irregularidades” en varios permisos de trabajo y residencia, por lo que pidió informe a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Salamanca.

Entonces, las Brigadas de Salamanca y Ávila, “de forma conjunta”, realizaron la investigación por la que sus responsables han demostrado que parte de la documentación presentada era “íntegramente falsificada” y que las mercantiles que constan como empleadoras son “empresas fantasma con administradores que resultaron ser testaferros”.

Las falsedades afectan a documentos expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social por trámites supuestamente realizados por abogadas autorizadas.

Además, el operativo investiga “si hay más documentos falsificados” para lo que se ha requerido colaboración interinstitucional a la Tesorería.

El ‘modus operandi’ consistía en que el solicitante de permiso de trabajo y residencia en situación irregular presentaba ante la Administración contratos de trabajo indefinidos y como empleador la sociedad fantasma previamente creada con un testaferro como titular, además parte de los documentos eran “íntegramente falsificados”.

Para ello, según la información policial, precisaban de gestiones que requerían la necesaria actuación de las abogadas de gestorías.

Además, la Policía investiga si los documentos falsificados detectados se pudieron adquirir a un “gestor on line” de Madrid que “al parecer podría haberse citado por WhatsApp en la Puerta del Sol con el comprador”, que era el solicitante de residencia y trabajo) y que le pagó en efectivo a cambio de un documento electrónico que le mando por WhatsApp, “relacionado con las gestorías investigadas”.


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