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La Generalitat Valenciana ha adaptado la terminología oficial sobre discapacidad a los mandatos de la ONU, de la UE y del Estado, escuchando las demandas del sector

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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunidad Valenciana (Cermi CV) expresó este jueves su satisfacción ante la decisión del nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana de utilizar la terminología adecuada para referirse a las personas con discapacidad en la regulación de su estructura orgánica y administrativa, adecuándose así a los mandatos en la materia de Naciones Unidas, la Unión Europea y los derivados de las leyes del Estado.

El Consell de la Generalitat acoge de este modo la demanda del sector asociativo valenciano representado por el Cermi CV, que venía reclamando el uso de una terminología correcta y respetuosa para referirse a estas personas.

La incorporación del término ‘personas con discapacidad’ en los recientes decretos de estructura orgánica básica de la Generalitat Valenciana “es un paso relevante en la lucha contra la discriminación y el estigma que históricamente han enfrentado las personas con discapacidad, ya que al utilizar un lenguaje más inclusivo y respetuoso, se busca reafirmar su identidad y destacar su condición como ciudadanos con derechos y capacidades y tener en cuenta que la terminología adecuada fomenta una cultura de más respecto e igualdad”, señaló el Cermi CV.

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Explicó que el cambio no solo supone una mejora en la forma en que la administración se dirige a las personas con discapacidad, sino que también refuerza su participación en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas que les afecten.

Según el presidente del Cermi CV, Luis Vañó, “esta actualización en la terminología refleja el compromiso con una sociedad inclusiva, en la que todas las personas, independientemente de sus capacidades, sean respetadas y tengan las mismas oportunidades y reconocer el término ‘personas con discapacidad’ en la estructura orgánica básica de la Generalitat Valenciana es un paso simbólico, pero también un recordatorio constante de que debemos trabajar para eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa”.

Asimismo, Vañó manifestó que ‘personas con discapacidad’ es la única expresión jurídicamente amparada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 de Naciones Unidas; por la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su disposición adicional sexta que estipula la obligación de emplear siempre la expresión “persona” o “personas con discapacidad”, en lo referente a su uso en las disposiciones normativas o en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, cuyo artículo 4 es meridiano al obligar a todas las Administraciones y autoridades a emplear siempre los términos “persona con discapacidad” o “personas con discapacidad” para denominar a este grupo social.

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El Cermi CV destacó que, aparte de cumplir estrictamente con la normativa mundial, europea y estatal, estas expresiones evitan que la discapacidad “se desvanezca con la utilización de conceptos difusos y confusos, eufemísticos, que carecen de legitimidad cívica”.

Para el Cermi CV, con esta “positiva medida” se está otorgando plena identificación y visibilidad a la realidad y a los problemas de discriminación y exclusión de las personas.

A partir de ahora, la denominación única y correcta de ‘personas con discapacidad’ será la que se emplee en todos los ámbitos de actuación de la acción pública autonómica valenciana -legislativos, administrativos y comunicativos, alienándose así la Comunidad Valenciana con la tendencia internacional y estatal, cuyo máximo marco de orientación es la Convención de la ONU de 2006.

“El lenguaje tiene un impacto significativo en la percepción y construcción social y en la promoción de una cultura inclusiva; donde no se invisibilice al colectivo de personas con discapacidad y no se genere confusión e inseguridad jurídica y rebaje la protección que todavía necesita este sector cívico, por lo cual el movimiento social a escala mundial, europea y española de personas con discapacidad, abrumadoramente, se inclina por usar personas con discapacidad, y debe ser respetado en su elección sin dirigismos, paternalismos o tutelas, siempre rechazables y hasta ofensivas”, concluyó la entidad.

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