El Alto Comisionado para la Paz ve “imprescindible” la presencia del exjefe paramilitar en el país para ejercer como gestor de paz
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Los ministerios de Justicia y de Exteriores de Colombia activarán todos los “mecanismos diplomáticos necesarios” para tramitar la extradición del antiguo jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, para que pueda cumplir presencialmente su función como “gestor de paz”.
El Alto Comisionado para la Paz colombiano ha asegurado que su presencia en el país es “imprescindible” y ha manifestado que la decisión del presidente del país, Gustavo Petro, de nombrarle como gestor de paz respeta las decisiones de los tribunales de Justicia y Paz, según un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
Esta decisión llegó después de que Mancuso aceptara trabajar conjuntamente con las autoridades para buscar víctimas de desaparición forzada en la frontera con Venezuela.
A pesar de ello, la Justicia mantuvo el lunes la orden de captura y extradición contra el exlíder paramilitar, que deberá regresar por dos condenas.
Además, el Alto Comisionado ha expresado que la designación en este puesto “de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones” y que los exmiembros de las AUC deberán seguir declarando ante los tribunales cuando “se les requiera”.
El exlíder paramilitar se encuentra desde hace dos años en un centro de retención de migrantes de Atlanta, Estados Unidos, a la espera de su extradición a Colombia, en donde hace unos meses se le concedió cuatro años de libertad condicional, si bien tiene cuitas pendientes con la Justicia por su pasado al frente de las AUC. Por ello, declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su último intento por acogerse como tercer colaborador a la justicia especial.
Conocido como ‘Triple Cero’ durante su pasado armado, ha reconocido haber estado implicado en al menos 300 asesinatos, entre los cuales están los de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares.
A su vez, tiene abiertos dos procesos judiciales en Colombia por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi 1.000 personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.
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