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El PSOE Calvià solicita que se mantenga “al menos” el 50% de las 99 viviendas de protección oficial de Santa Ponça como alquiler protegido

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PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE Calvià presentará en el próximo pleno municipal una moción con la que pretenden instar al gobierno municipal de PP y Vox a que “al menos” la mitad de las 99 VPO de Santa Ponça se mantengan en régimen de alquiler protegido.

Según ha anunciado la formación en un comunicado este miércoles, los socialistas han pedido al gobierno que “corrija su anuncio de convertir todas las Viviendas de Protección Oficial (VPO) recién acabadas en Santa Ponça en viviendas en régimen de compra-venta a través de una opción de alquiler”.

De este modo, han argumentado que durante estos últimos cuatro años se proponía “repartir la promoción con 50 VPO de régimen de alquiler protegido, y el resto para venta con una reserva del 10 por ciento para probar el proceso de alquiler con opción a compra”.

Esto, han señalado, “permitía el acceso a una franja muy importante de población que no tiene la capacidad de acceder a una compra, además de ir incrementando el parque de viviendas en alquiler protegido, uno de los medios para intentar ir bajando el precio del alquiler libre”.

El portavoz socialista Alfonso Rodríguez ha asegurado que “eliminar el régimen de alquiler protegido impide el acceso a muchas familias que no están en condiciones de que les concedan una hipoteca, ni de asumirla”. “Convertir todas en compra-venta es dejar sin opción habitacional a personas mayores, familias monoparentales, o personas en situación de dificultad económica”, ha añadido.

Del mismo modo, ha indicado que en el anuncio hecho “no se concretan aspectos clave de ese proceso de alquiler con opción a compra, como si estarán obligados al pago de una entrada y cuánto sería, cuál es la duración máxima de ese alquiler antes de la obligación de su compra, su precio final, y más detalles necesarios para su valoración”.

También indican en la moción desconocer si el anuncio de la creación de un listado municipal para acceder a estas viviendas dejaría sin efecto el vigente del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), único legal hasta ahora, y que además ya preveía por acuerdo con el anterior equipo socialista una prioridad para los que demuestren una antigüedad mínima de tres años en el padrón de Calvià.

Así, “ya se garantizaba la prioridad para los calvianers en una promoción pagada íntegramente con fondos municipales”. “Aquellos calvianers que estén inscritos ya en la lista de demandantes del Ibavi no pueden perder dicha prioridad por el hecho de que el nuevo equipo quiera iniciar un nuevo listado de demandantes, sería un despropósito”, ha añadido Rodríguez.

Igualmente, el socialista ha insistido en el control de los precios máximos de dichas viviendas protegidas y ha dicho que confía en que “los precios de estas VPO no excedan los valores calculados hace solo un par de meses, entre 135.000 y 185.000 euros”.

Finalmente, ha sentenciado que espera que “el Ayuntamiento no quiera convertirse en un gestor inmobiliario que obtenga beneficios a costa de la necesidad de sus vecinos”.


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