LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 (EUROPA PRESS)
El empresario y actual presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha declarado este miércoles en el procedimiento que investiga un supuesto fraude de 36,66 millones de euros por parte de Seguridad Integral Canaria (SIC) apuntando que esta causa la “prostituye” el exjuez Salvador Alba, quien en un momento dado estuvo al frente del procedimiento y que actualmente se encuentra en prisión condenado por prevaricación judicial y falsedad en documento público.
Es por ello que tanto su defensa como la del empresario Héctor de Armas han solicitado la nulidad de la actuación, si bien esto será resuelto por el tribunal cuando emita la sentencia. Aún así Ramírez ha querido declarar y contestar a la preguntas de las partes para, entre otros, desmentir que “no” le paga a nadie.
Durante esta jornada de la vista oral en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Ramírez expuso que ha sido propietario de SIC y donde ejerció de administrador único hasta 2011 para, posteriormente, convertirse en administrador Héctor de Armas porque él tenía más empresas.
Cuestionado por el pago que se hacía a los empleados como concepto de dieta ha señalado que se trata de “un segundo ingreso para que los trabajadores no estuvieran dedicando dinero de su salario personal a pagar” el kilometraje, y apuntó que se hacía entorno al día 15 del mes.
En este sentido, ha explicado que en el caso de la seguridad privada es “muy sencillo” controlar las dietas y el kilometraje porque en un contrato de seguridad se hace referencia a unos horarios, unos servicios que hay que realizar, a donde hay que mandar a alguien para llevarlo a cabo, por lo que “está generando el kilometraje y la dieta”.
De este modo, matizó que cuando el jefe de operaciones hace el cuadrante controla las dietas y kilometraje de los trabajadores, haciendo las transferencias “a mediados de mes”. Ese “orden y control” de los cuadrantes, explica, hasta el año 2011 se hacía de manera “muy rudimentaria”, ya que era a través de unas hojas que llamaban “sábanas”.
Toda esta información, aseguró, se puso a disposición de la juez Victoria Rosell, cuando declaró en la causa y le “dijo que no le hacía falta”.
Por otro lado, Ramírez se ha referido a las declaraciones de los inspectores de Hacienda en cuanto a la deducciones por dieta, apuntando que han dejado “muy claro que se devenga una dieta sin necesidad de justificación”. Así ha defendido que si la empresa declara que un trabajador “cobró dieta y kilometraje es porque cobró dieta y kilometraje”.
Durante su declaración el empresario ha incidido en varias ocasiones que desde Seguridad Integral Canaria se ha presentado “toda” la documentación que se les ha solicitado. “Entregamos todas las actas que se pidieron desde la Agencia Tributaria”, apuntilló.
A ello, agregó, que la Agencia Tributaria dispone de “todos los medios” para poder acreditar “lo que quiera” de cualquier persona, subrayando que “no” hacía falta judicializar esta causa y aludiendo a lo que ocurrió hace seis meses con otras de sus empresas, Ralons Servicios, en la que finalmente se produjo al sobreseimiento del procedimiento tras llevarse a cabo una serie de comprobaciones.
CON ALBA SE “PROSTITUYE” LA CAUSA
Sin embargo, prosiguió que cuando esta causa la cogió el exjuez Alba lo que le “importaba eran los contratos” de publicidad que él tenía con la pareja de Rosell, siendo ahí donde “se prostituye” esta causa, afirmando que lo que “menos” le importaba es lo que presumiblemente se investigaba.
“Tengo derecho a que no se me esté manipulando un procedimiento (…)”, apuntilló para añadir que “es mentira” que “no” le pague a “nadie” tras indicar que la Seguridad Social llevaba “diez años” inspeccionando a la empresa.
Además ha incidido en que “toda” la información está en el sistema informático que SIC comenzó a utilizar a partir de que Héctor de Armas fue el administrador y ha subrayado que las horas extras que se hacían “se pagaban” por transferencia bancaria.
Finalmente ha asegurado que de “no hacerles esto” –levantar este procedimiento– SIC sería la “primera o segunda” empresa de seguridad privada, ya que tenía hasta ese momento unos 5.000 trabajadores y contratos en diversos puntos de España, así como en Miami o Cabo Verde, entre otros.
EL INICIO DE LA CAUSA
La denuncia inicial partió del sindicato USO en marzo de 2013 y en la misma se exponía que en los años 2008 y 2009 se estaban pagando horas extras expuestas como si fueran dietas, agregando el Ministerio Fiscal que existían numerosos indicios de que esa dinámica se podría haber mantenido en los años 2010, 2011 y 2012 porque había elementos de que así podría haber sido al menos hasta 2013.
El empresario se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 21 años y seis meses de prisión, así como a multa de hasta 105 millones de euros por cinco supuestos delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social.
Por su parte, el Ministerio Fiscal también solicita una pena de 14 años de prisión y multa de 79,3 millones de euros para el que fuera administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, por tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.
El fraude correspondería a los años de 2009 a 2013 para el caso de Ramírez y en el de Armas entre 2011 y 2017.
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