ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)
Podemos ha acusado al consejero municipal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, de protagonizar una “pataleta absurda” después de haber “fracasado” con el proyecto de La Romareda y de “negarse a asumir su responsabilidad”.
Esta formación se ha pronunciado así en el día en que ha expirado, a las 14.00 horas, el plazo para poder presentar sus alegaciones a la petición de medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento de Zaragoza al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el recurso contencioso-administrativo, tras la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que anula el proyecto de la nueva Romareda, al estimar el recurso que presentó Podemos a los pliegos de licitación.
Serrano ha manifestado este miércoles su “absoluta sorpresa” por que Podemos “haya anunciado que va a seguir defendiendo que hay que anular la licitación por la Romareda” y “siga poniendo palos en la rueda al proyecto”.
Por su parte, la formación ‘morada’ ha criticado, en un comunicado, que Serrano, con estas declaraciones, “viene a negar el legítimo derecho a la defensa que, como parte demandada en el procedimiento”, tiene Podemos.
Para este partido, “la judicialización de La Romareda que acordó el pasado jueves el Gobierno del PP es, única y exclusivamente, una patada adelante para esconder el fracaso de Jorge Azcón –anterior alcalde de Zaragoza– y Víctor Serrano en lo que se supone era el proyecto más importante del pasado mandato”.
AFIRMACIONES GRAVES
Podemos ha detallado que el Gobierno del PP, en su recurso ante el TSJA, ha demandado única y exclusivamente a Podemos, en concreto, a su anterior portavoz como firmante del recurso, y Víctor Serrano, “de manera muy grave, ha cuestionado esta mañana que esta formación ejerza la defensa qué, como demandado, le corresponde”.
Serrano “ha venido a negar el legítimo y constitucional derecho a la defensa que a todo demandado en el proceso le corresponde, más cuando la presunción de validez y de eficacia jurídica que la resolución del Tribunal de Contratos tiene, ampara jurídicamente el posicionamiento que Podemos manifestó en su momento por encima de los del PP”, han incidido desde la formación morada.
Para la misma, las declaraciones de Serrano contra Podemos “demuestran el nerviosismo del Partido Popular, que en vez de asumir su responsabilidad en haber planteado un proyecto manifiestamente ilegal como ha señalado el TACPA, continúa culpando a otros de la anulación de una licitación que no quiso consensuar con el resto de partidos de la oposición”.
“Es una pataleta absurda de quien se sabe que ha fracasado y se niega a asumir su responsabilidad, que tendría que ser presentar su dimisión ante la incapacidad de sacar adelante este proyecto y poner en riesgo la candidatura al Mundial”, han remarcado fuentes de la formación ‘morada’.
PROYECTO ILEGAL Y PERJUDICIAL
Estas mismas fuentes han insistido en que el PP “es el único responsable por seguir defendiendo un proyecto ilegal y perjudicial para los intereses de la ciudad que prioriza los de inversores propietarios del Real Zaragoza, alguno de los cuáles tienen una amistad manifiesta con el anterior alcalde Azcón”.
Para Podemos, “este intento privatizador, las continúas mentiras y medio verdades y el uso electoralista del estadio han puesto en grave riesgo la posibilidad de optar al Mundial de 2030 y deja a Zaragoza en un muy mal lugar”, por un gobierno “chapucero que no sabe hacer las cosas de forma legal”.
Podemos se ha reafirmado en que Zaragoza y el zaragocismo “merecen un nuevo campo, que se haga conforme a la ley y que permita aspirar a ser sede del Mundial de Fútbol 2030″ y ha confiado en que en los próximos días, la alcaldesa, Natalia Chueca, plantee una alternativa realista, que bien podría ser la opción siempre defendida por la formación ‘morada’ de una empresa mixta que compagine los intereses de la ciudad, de la afición y del club”.
ALEGACIONES
Como parte demandada y a instancia del TSJA, Podemos ha contestado a la petición de medida cautelar que ha hecho el PP con el fin de garantizar la validez de la resolución del TACPA.
Las alegaciones que ha presentado se basan en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y en el auto del propio TSJA por las que “siempre ha de prevalecer el interés público especialmente protegible de garantizar la finalidad a que responde el recurso especial en materia de contratación” frente a las pretensiones de resolver mediante un procedimiento “que está anulado a todos los efectos”, aunque sometido al control jurídico de los tribunales.
Podemos esgrime que el TACPA no acordó una suspensión de la licitación, sino una anulación, por lo que el Ayuntamiento ahora mismo “pretendería utilizar esos pliegos anulados para otorgar derechos económicos a terceros que en este momento no tienen”. Dado que las resoluciones del TACPA son “eficaces y ejecutivas” desde el momento en que se producen, prevalecen sobre las de los instrumentos anulados que en este momento carecen de validez jurídica, abunda esta formación en sus alegaciones.
Así mismo, Podemos considera que la medida cautelar podría provocar situaciones “irreversibles” en caso de una sentencia desestimatoria, ya que se adjudicaría la licitación, se inscribiría el Derecho de Superficie, se realizaría el proyecto constructivo, se tramitarían las licencias o se acometerían las demoliciones previstas en los pliegos.
Continúa diciendo que se podría llegar a la situación de tener un estadio derruido o a medio construir y sin un proyecto constructivo válido, provocando, además, los mismos efectos sobre la eventual candidatura al Mundial de Fútbol que, según el escrito de la parte demandante, pretende evitar esta medida, incluso con el agravante de no tener un tiempo de reacción para subsanar la misma.
Además, Podemos estima que conviene añadir la distorsión que supondría la estimación de la medida cautelar solicitada para la efectividad de la concurrencia de otras ofertas: para aquellos posibles licitadores que aún no hubieran formalizado la oferta en esta fecha –ya que el plazo hubiera finalizado el próximo 15 de septiembre– el conocimiento de saber judicializada esta licitación y no contar con la adecuada seguridad jurídica de comenzar a ejecutarla, sin duda es un factor que desincentiva a participar en la misma.
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