Anima a votar a opciones “progresistas” que “defienden el derecho a la vivienda”
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)
Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han defendido que el nuevo Consell aplique la Ley de Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana y mantenga los decretos de tanteo y retracto, el de movilización de viviendas vacías y el que crea la Unidad de Ayuda ante el Desahucio. Igualmente, han reivindicado que València y su área metropolitana sean declaras ‘zonas tensionadas’ en aplicación de la Ley de Vivienda.
Así lo han manifestado en una rueda de prensa en València los activistas de la PAH Ismael Sanz, José Luis González y Paco Martínez, que han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que en las elecciones generales del 23 de julio vote a “opciones progresistas” que “defiendan el derecho a la vivienda”.
Han defendido que “de ninguna forma se tire atrás la Ley de Función Social de la Vivienda, como Vox lleva en el programa”, y han subrayado que “no hay ningún gobierno que tenga razones” para retirar el decreto de tanteo y retracto, el de movilización de viviendas vacías y deshabitadas y el decreto 3/2023 que creó la Unidad de Ayuda ante el Desahucio.
A su juicio, “no puede haber ninguna persona que esté de acuerdo en que las casas de caigan o estén deshabitadas”, por ello apuestan por la obligación del aquiler asequible a grandes tenedores y apelan a “solidaridad”, “en lugar del enfrentamiento”.
“Queremos que todo el apoyo que se tiene que dar a las familias continúe tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento”, han indicado, antes de pedir que “tengan más cabeza que estrategia”.
En un escenario de incremento de los tipos de interés y de “desequilibrio brutal” entre las necesidades habitacionales y el mercado de la vivienda, la PAH ha advertido de la posibilidad de que se produzca una “gran catástrofe residencial”. Los activistas han expuesto que desde el 1 enero de 2021 ha habido más de 12.000 desahucios en la Comunitat Valenciana y que cerca de 13.000 familias no tienen vivienda.
REUNIÓN CON EL NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL
Los integrantes de la PAH han explicado que un día después del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de València, con María José Catalá (PP) como nueva alcaldesa, la plataforma solicitó una reunión con ella. Han obtenido respuesta y mantendrán un encuentro este miércoles con el concejal Juan Giner, que tiene delegadas las competencias de Urbanismo y Vivienda.
Los activistas, que han valorado positivamente que vaya a mantenerse esta reunión, expondrán que se deben declarar zonas tensionadas en València y su área metropolitana, donde “no se encuentran ya viviendas por debajo de los 650 euros” de alquiler mensual. De este modo, reclamarán al PP que “no haya política de partido contra partido” o de “hacer esto porque lo han hecho otros partidos”.
Sobre qué esperan del nuevo gobierno municipal del PP al depender de acuerdos con Vox, han asegurado que “lo esperan todo”. “La PAH siempre dice que hace posible lo imposible”, han comentado, antes de opinar que “los partidos hablan mucho para ganar elecciones” pero luego esperan que “los partidos tengan más cabeza que estrategia” y piensan que desde el Ayuntamiento “van a tener más cabeza” cuando tengan que gestionar y “enfrentarse a los problemas”.
Así, creen que no se eliminará la Ley de la Vivienda, no se vulnerará la Ley de Función Social de la Vivienda y que los ayuntamientos se acogerán al decreto de tanteo y retracto.
CUESTIONAN LAS COMPETENCIAS PARA DAR DE BAJA DEL PADRÓN
Los activistas se han preguntado “por qué ningún partido se atreve a enfrentarse con el capital extranjero que tira a la gente de sus casas y está colonizando nuestro territorio”. Así, han planteado “alquiler social obligatorio para familias de Malilla, Fonsanta, Orrios o Saidia que están amenazas por ser expulsadas por capital extranjero”.
Respecto al anuncio de Catalá de dar de baja del padrón a quienes hayan okupado una vivienda, han señalado que “el Ayuntamiento no tiene competencias más que en aquellos casos tasados por la Ley del Padrón”, y no en “cuestiones de propiedad del arrendamiento urvano o de naturaleza jurídica privada”, que es obligatorio que todas las personas que residen en un lugar estén empadronadas.
DEFENDER LA VIVIENDA EN EL 23J
Los miembros de la plataforma han asegurado que la PAH es “apartidista pero no apolítica”. “Defendemos los gobiernos que desarrollan políticas sociales que protegen los derechos de la ciudadanía, entre ellos el de la vivienda”, han recalcado, antes de “advertir muy seriamente que no se juegue con la vivienda porque es el fundamento de muchos derechos”.
En clave estatal, han exigido “a cualquier partido que gobierne” que se mantenga y “mejore” la Ley de Vivienda. Han lamentado que aunque se reedite un gobierno progresista en el 23J, la ley no se aplicaría en las CCAA gobernadas por la derecha.
Asimismo, han reclamado ampliar el llamado ‘escudo social’ más allá de diciembre de 2023; la obligación de que los grandes tenedores ofrezcan alquiler asequible antes de iniciar un proceso de desahucio sobre personas vulnerables y que las administraciones ofrezcan un realojo en casos de pequeños propietarios; limitar las subidas de los alquileres a un máximo del 30% de los ingresos, y un plan de choque de ampliación del parque público de vivienda, que incluya, entre otras medidas, la cesión de las viviendas de la Sareb y la incorporación de viviendas de la banca rescatada por valor del rescate impagado.
Igualmente, han expuesto peticiones como la disponibilidad de créditos blancios para familias o colectivos vulnerables, la garantía de suministros básicos y la “progresiva reducción del gasto público en políticas de vivienda que no generen beneficio colectivo” como los avales para hipotecas, “orientando esa inversión a la exporpiación de viviendas desocupadas” –3,8 viviendas según el INE, han apuntado–, entre otras medidas.
La PAH, que está distribuyendo folletos en todos los barrios para pedir a las personas que “voten por la vivienda”, ha animado a la participación en las elecciones y en la manifestación convocada por diferentes movimientos sociales este jueves 20 de julio a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento de València, con el lema ‘Ni un paso atrás’ y ‘Por nuestros derechos’.
UNA DENUNCIA POR ACOSO INMOBILIARIO
Por otro lado, los representantes de la PAH Valencia han explicado que este jueves acompañarán a una mujer, Marian Fernández, a interponer uuna denuncia por acoso inmobiliario contra una promotora que ha adquirido la vivienda que tenía alquilada y en la que viven cinco personas, entre ellas tres niños. Será la cuarta denuncia que interpone la plataforma de este tipo.
Según los activistas, la promotora “diariamente, más de tres veces al día, llama a la mujer para decirle que se tiene que ir, que busque otra casa porque pronto la tirarán”, y ha llegado a ofrecer cantidades dinero “ridículas” para que se marche cuando ella tiene una moratoria y ningún proceso judicial de lanzamiento abierto.
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