MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el II Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2023-2032, con un presupuesto de 93,5 millones de euros, que reconoce que la accesibilidad universal es una condición que deben cumplir todos los entornos, productos, bienes y servicios para que puedan ser utilizados y disfrutados por todas las personas.
El Plan, cuya elaboración viene mandatada por la Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, se despliega en seis ejes estratégicos, entre los que destacan: la visibilización de la accesibilidad universal en el Gobierno; la promoción de la gobernanza multinivel en la Administración pública; reforzar el marco normativo en materia de accesibilidad universal; fomentar la innovación o avanzar en la implantación efectiva de la accesibilidad universal en entornos, productos, bienes y servicios.
El Ministerio que dirige Ione Belarra ha destacado que, por su amplio espectro de actuación, este plan no sólo favorecerá a las personas con discapacidad sino a todas aquellas personas cuyas circunstancias vitales, transitorias o permanentes, puedan verse beneficiadas de entornos más accesibles, como mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con lesiones temporales, extranjeros, personas que porten carritos de bebé o maletas.
Al tratarse de un periodo temporal muy extenso, el plan contará con un seguimiento trienal que sirva para evaluar el progreso en la implementación de las medidas recogidas.
Por otra parte, el Ejecutivo también ha aprobado la creación de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública con el objetivo de impulsar la contratación pública socialmente responsable.
La comisión estará formada por representantes de todos los departamentos ministeriales y de determinados organismos autónomos, del Consejo Económico y Social y de la sociedad civil, provenientes tanto del Consejo Nacional de la Discapacidad como de la Comisión para el Diálogo Civil y de los sindicatos más representativos.
40.000 EUROS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA INFANCIA
Igualmente, el Ministerio de Derechos Sociales ha informado de que España contribuirá con una aportación voluntaria de 40.000 euros al Fondo Fiduciario en Apoyo de la Representación Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.
El objetivo, según explica el departamento de Belarra, es complementar los recursos del presupuesto ordinario de dicha oficina, y apoyar iniciativas de “alta prioridad” destinadas a “mejorar la promoción y la acción política, consolidar los conocimientos prevención y eliminación de la violencia contra los niños, y acelerar el progreso en la protección efectiva de los niños contra todas las formas de violencia en todos los contextos”.
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