MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
Un proyecto europeo detecta “serios obstáculos” para la participación de personas con discapacidad intelectual en el sistema penal, según Plana inclusión, movimiento asociativo que lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Denuncia que “faltan adaptaciones” para que estos ciudadanos puedan comprender los procesos judiciales que les afectan.
Así se desprende de los primeros resultados de la investigación promovida por Enable, una propuesta de la Unión Europea que Plena inclusión lidera en España, y participada por ocho países de la Unión Europea (UE). El informe denuncia la “falta de adaptaciones suficientes” que permitan la comprensión de las personas con discapacidad encausadas en procesos judiciales.
“Tratamos de evaluar en qué medida existen leyes, políticas o prácticas que permitan a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial acusadas superar estas barreras, en particular mediante la provisión de ajustes de procedimiento”, explicó Natalia Pérez, del Área Jurídica de Plena inclusión España.
Entre las conclusiones de la investigación destaca que “la mayor parte de las personas entrevistadas afirman que no entienden el proceso y que desconocen sus derechos como acusados si no se hacen las adaptaciones necesarias”. Esto sucede, según Plena Inclusión porque los agentes jurídicos usan términos muy técnicos.
Además, se aprecia una “generalizada falta de conocimiento y concienciación” de abogados, jueces o fiscales sobre los derechos de las personas con discapacidad, “y en particular sobre los ajustes de procedimiento necesarios”.
Por otra parte, la falta de detección de la discapacidad intelectual “es una de las barreras más importantes a las que se enfrentan estas personas para que se les apliquen ajustes de procedimiento”. Tampoco existe en la legislación penal un reconocimiento dichos ajustes.
Se denuncia, además, que las características de las personas con discapacidad “suelen interpretarse erróneamente” como un comportamiento poco cooperativo en las investigaciones policiales o los procedimientos judiciales.
RECOMENDACIONES
En cuanto a las recomendaciones para mejorar la accesibilidad de los procesos judiciales de las personas con discapacidad intelectual, se propone “que las leyes penales se modifiquen para reconocer los derechos de las personas con discapacidad”, de cara a las adaptaciones procedimentales que sean necesarias.
Otra idea es crear un protocolo de actuación dirigido a los profesionales que se pongan en marcha cuando la acusada sea una persona con discapacidad, además de mecanismos prácticos y ágiles “para detectar la discapacidad intelectual en una fase temprana del procedimiento”.
Ello se traduce en incluir de forma clara los “ajustes de procedimiento” en las leyes relacionadas con la Justicia. También se pide crear un documento para actuar con personas con discapacidad. “Este documento deben leerlo todas y todos los profesionales de la Justicia”. Y otra medida fundamental que reiteró Plena inclusión es “crear formas rápidas de saber si una persona que empieza en un proceso judicial tiene discapacidad intelectual”.
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